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03 June 2025 | 07:31
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El ex senador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección para anular una multa impuesta a Lizbeth Jerez, una joven con autismo y epilepsia, por no votar en el plebiscito constitucional. La sanción de 0.5 UTM podría derivar en reclusión nocturna si no se paga. Navarro denuncia descoordinación entre SERVEL y tribunales, abogando por cambios legales para proteger a personas con discapacidad en futuras elecciones. Su proyecto de ley busca reformar la Ley General de Elecciones Populares para mejorar la exclusión de votantes no aptos.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesEl ex senador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección que busca anular una multa que, según sus protagonistas, no tiene justificación alguna. Se trata de una sanción impuesta a Lizbeth Jerez, una joven de 22 años con autismo profundo, epilepsia y dependencia total, por no haber votado en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre del 2023.
Fue el Juzgado de Policía Local de Penco el que, el pasado 17 de abril, informó al tribunal que Lizbeth no concurrió a cumplir con su obligación de sufragar. Por esta razón, se le condenó al pago de una multa de 0.5 UTM y de no pagarse esa multa, la sentencia contempla un día de reclusión nocturna por cada un quinto de UTM.
El exsenador Alejandro Navarro y señaló que existe una grave descoordinación entre el SERVEL y los tribunales, lo que derivó en esta situación que, según sus palabras, afecta a quienes tienen discapacidad y sus cuidadores.
El abogado a cargo del recurso, Oscar Ulloa, se refirió a las exigencias del recurso y a la falta de organización específicamente entre el Servel y el registro civil e identificación.
Por su parte, Cristián Jerez, padre de Lizbeth, comentó que, pese a presentar un certificado médico que acreditaba la inhabilidad de su hija para votar, igualmente fueron multados y expresó su preocupación por repetir esta situación en las elecciones de este año.
El ex senador informó que se encuentran trabajando en un proyecto de ley que esperan sea despachado antes de las elecciones 2025, el cual busca modificar la Ley General de Elecciones Populares y reforzar la coordinación para excluir correctamente a personas del padrón electoral. Según sus palabras, aunque hoy existe ese proceso, casos como este evidencian que no es suficiente, y por eso, urge una solución de fondo.