Fiscal rebajó los cargos a red de contrabando de cigarrillos: Ministerio Público abrió sumario

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Nuevo escándalo en Fiscalía Regional del Biobío involucra a Aduanas e Impuestos Internos. Red liderada por Eduardo Gárate Mora imputada por asociación ilícita, receptación, comercio clandestino y lavado de activos. Fiscal Mauricio Richards cambió acusación eliminando delitos, ofreciendo salidas alternativas a acusados. Jueza y fiscal regional cuestionan cambios, sumario abierto contra Richards. Impuestos Internos busca anular decisiones. Fiscalía confirma sumario en curso.

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Sin responsables o con el pago de bajas multas podría quedar la investigación por un millonario contrabando de cigarrillos denunciado el 2018 por el Servicio de Aduanas. Tras cambiar la acusación original, el fiscal del caso ofreció a los 12 imputados salidas alternativas, lo que el Juzgado de Garantía de Talcahuano denunció al Ministerio Público y por eso el sumario que enfrenta el persecutor.

Es un nuevo escándalo el que sacude a la Fiscalía Regional del Biobío, y que también involucra al Servicio de Aduanas y a Impuestos Internos, organismos querellantes en este caso.

Fue el 2020, dos años después de la denuncia de Aduanas, que el Ministerio Público en Talcahuano imputó por asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos a una red de 12 personas liderada por Eduardo Gárate Mora.

Fueron incautados, además de 7 mil cajetillas de cigarrillos, bienes por varios miles de millones de pesos. Todo, sin embargo, podría quedar en nada, luego que el fiscal Mauricio Richards cambiara, el 28 de mayo del año pasado, la acusación que un año antes presentó su par, el fiscal Julián Muñoz, eliminando hechos y delitos, lo que abrió la posibilidad para ofrecer salidas alternativas a los acusados.

Uno de los beneficiados fue Claudio Vivanco, a través de un sobreseimiento a cambio del pago de 5 millones de pesos, los que se restarían de los casi mil millones incautados durante la investigación.

Para su abogado, Felipe Yáñez, lo que hizo el persecutor estaba dentro de la ley, acusando que el intento hoy de la Fiscalía de dejar sin efecto los acuerdos es sólo por presiones.

Sin la oposición del Servicio de Aduanas, fue la jueza de Garantía Humilde Silva quien dio luz verde a la rebaja de los cargos y a las salidas alternativas impulsadas por el fiscal Richards.

Sin embargo, lo ocurrido llamó la atención a otra magistrada, Antonia Godoy, y por eso la decisión de informar a la fiscal regional Marcela Cartagena.

Para la jefa del organismo persecutor, se trató de graves e improcedentes cambios los realizados a la acusación, ordenando la apertura de un sumario contra Mauricio Richards, quien en marzo obtuvo el traslado desde Talcahuano a la Fiscalía Metropolitana Occidente en Santiago.

Pero otra medida adoptada por la fiscal Cartagena fue oficiar al Servicio de Impuestos Internos, cuyos abogados no estuvieron en la audiencia del 28 de mayo, y por eso el intento de la repartición de anular los cambios a la acusación y las salidas alternativas a los imputados.

Para otro de los abogados defensores, Juan Carlos Muñoz, no hay argumento para dejar sin efecto la resolución judicial y así lo refrendó hace poco la Corte Suprema, indicó.

Sobre este caso, desde la Fiscalía Regional sólo señalaron que el sumario contra Richards sigue abierto. Desde Impuestos Internos en Concepción, en tanto, tampoco se entregó un pronunciamiento y se pidió solicitar a Santiago una versión.