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04 July 2025 | 06:47
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En una de las violaciones de derechos humanos marcadas en el Bío Bío, el coronel (r) de Carabineros, Fernando Torres Gacitúa, fue condenado por el homicidio del alumno de Ingeniería de la U. de Concepción, Caupolicán Inostroza Lamas, ocurrido hace 41 años. La sentencia de 5 años de libertad vigilada fue destacada por la diputada Candelaria Acevedo y el ex presidente de estudiantes, Pedro Cisterna, resaltando la importancia del caso en la región. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Juana Vidal, confía en los tribunales, aunque la defensa y querellantes podrían presentar recursos para modificar la pena o la indemnización de 150 millones de pesos decretada.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesSe trata de una de las violaciones de derechos humanos que marcaron al Bío Bío; el crimen del alumno de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción, Caupolicán Inostroza Lamas.
Por el crimen fue condenado el coronel (r) de Carabineros, Fernando Torres Gacitúa, quien deberá cumplir 5 años de libertad vigilada, beneficio otorgado por tratarse de un homicidio simple y no uno calificado, es decir, que no fue planificado.
El asesinato ocurrió hace 41 años y según la abogada de la familia, Patricia Parra, se recuerda porque fue el único perpetrado en el campus de la casa de estudios.
La diputada Candelaria Acevedo destacó la sentencia, al subrayar en que a más de 50 años del golpe de Estado sectores políticos de derecha sigan intentando negar los delitos de lesa humanidad.
En la misma línea se manifestó el ex presidente de los estudiantes de la Universidad de Concepción, Pedro Cisterna, pero también destacando el impacto que tuvo el homicidio de Caupolicán Inostroza no sólo en la ciudad sino en la región.
La condena es la primera que dicta el nuevo juez para violaciones de derechos humanos durante la dictadura, Waldemar Koch, y fue eso lo que destacó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Juana Vidal, ya que dijo mantiene la confianza en los tribunales.
El fallo es de primera instancia y ahora tanto la defensa del condenado, como los querellantes, deben decidir posibles recursos por ejemplo para rebajar la pena o aumentarla, o en el caso del Consejo de Defensa del Estado impugnar la indemnización por 150 millones de pesos decretadas por el ministro en visita.