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Tribunales obligan a colegios subvencionados a matricular alumnos expulsados

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El aumento de resoluciones judiciales en Juzgados de Familia para proteger a estudiantes cuya matrícula fue cancelada por la Ley Aula Segura ha obligado a establecimientos del Gran Concepción a crear sobrecupos, supervisados por la Secretaría Regional de Educación. A pesar de las quejas de directivos como Claudia Lodi de Almondale Lomas y Andrés Carter de Redcol, los colegios deben acatar las sentencias, aunque puedan recurrir a la Corte Suprema. Estas decisiones generan tensión y desvían a los establecimientos de su labor educativa, según Carter.

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Una difícil situación están viviendo los colegios particulares subvencionados a raíz de resoluciones judiciales que obligan a generar sobrecupos para alumnos expulsados de otros establecimientos. En el Ministerio de Educación estiman que los fallos son para ser cumplidos, mientras que desde la Redcol se subrayó en el impacto negativo que están teniendo esas sentencias.

En aumento han ido en el último tiempo estas resoluciones dictadas por los Juzgados de Familia, en el marco de medidas de protección para estudiantes cuya matrícula ha sido cancelada al aplicarse la Ley Aula Segura.

Radio Bío Bío conoció que establecimientos particulares subvencionados del Gran Concepción ha debido generar sobrecupos debido a estos fallos, los que se hace cumplir a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

El seremi del ramo, Carlos Benedetti, confirmó esta situación, limitándose a explicar que se trata de sentencias judiciales que deben ser acatadas, sin importar, por ejemplo, si pasan por encima de la llamada “tómbola” y de alumnos que están en la fila para ingresar a algún colegio.

Entre los establecimientos que han sido obligados por los dictámenes judiciales está el Colegio Almondale Lomas. Así lo admitió su rectora, Claudia Lodi, subrayando en la molestia que se genera a los padres que han acatado la Ley de Inclusión.

En igual sentido se manifestó la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Biobío (Redcol), cuyo presidente, Andrés Carter, fue tajante al denunciar la tensión que se está causando al sector.

Los colegios se pueden oponer a los fallos a través de recursos de protección, algunos que han sido acogidos por la Corte Suprema. Sin embargo, se trata de un proceso que Andrés Carter cree desvía a los establecimientos de lo que es su labor educativa.