En prisión preventiva tres de los 17 imputados como banda dedicada al robo de cobre

Se trata de los hermanos Marcela y Fabián Chaur Torres, locatarios coronelinos establecidos dedicados al rubro de la chaterrería, venta y compra de metales, ubicados en Villa Mora y Lo Rojas, respectivamente. A ello se le suma uno de los hijos de este último, Felipe Chaur Sáez.

Los delitos en el caso de los comerciantes, la primera fue formalizada por asociación criminal, lavado de activos y delitos tributarios. Mientras que su hermano está como imputado por asociación criminal, lavado de activos y cuatro delitos de receptación; uno de ellos, en flagrancia ya que al momento de su detención, fue sorprendido con cables de cobre de la que no pudo acreditar su origen, según se expuso en la audiencia.

Mientras que el hijo del imputado, fue formalizado por lavado de activos y tráfico de drogas. Lo anterior, ya que según la investigación, habría recibido vehículos de su padre con la finalidad de ocultar los bienes de quien sería sindicado como líder de la agrupación.

Sobre el ilícito de la ley 20 mil de drogas, este se relaciona al hallazgo de un sistema de cultivo indoor de cannabis, junto a tres frascos con cannabis sativa a granel con un peso total de 149,04 gramos y 25 plantas de cannabis, en su domicilio en Concepción.

Ambos, sumado al hijo de uno de los imputados quedaron en prisión preventiva. Del resto de la banda, vale decir, los otros 14 formalizados, dentro de ellos, testaferros, brazos operativos, sujetos dedicados al robo del cobre, quedaron con diversas medidas cautelares que van desde el arresto domiciliario total, arraigo nacional, arraigo provincial y firma quincenal.

Cabe señalar que los robos afectaron a empresas tales como Movistar y Frontel, cuyas compañías presentaron las denuncias correspondientes y de manera oportuna, dada la afectación por los diversos cortes en el servicio de telefonía y electricidad respectivamente, ambos querellantes en la causa.

A ello se le suma el Servicio de Impuestos Internos, puesto que el perjuicio fiscal por declaración maliciosa o incompleta a la renta, bordearía los 12 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, los hermanos propietarios de los locales establecidos recibían los cables y eran comercializados, donde la recepción del dinero por ventas era recibidos por terceros.

Además se reveló que el cable era quemado con la finalidad de obtener el mineral sin contacto con algún tipo de material.

Para ello, algunos de los integrantes de la banda, y que quedaron con cautelares menos gravosas y en libertad, aprovechaban su condición de trabajadores de empresas contratistas y sus conocimientos en el área para sustraer el cobre que después era comercializado.

La Fiscalía no apeló por los imputados que, en su mayoría, quedaron con medidas inferiores a la prisión preventiva. Y el Juzgado de Garantía de Coronel decretó un plazo de 120 días para investigar.