Noticias

Caso Puerto Coronel: arraigo y firma para exgerentes

hrs

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una audiencia, la fiscal Glenda Lagos expuso que el fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, junto a otros dos ejecutivos, desviaron fondos de la compañía para beneficio personal, a través de facturas falsas y pagos a una empresa proveedora ficticia, generando un perjuicio de 626 millones de pesos. La gerente interina del puerto, Michelle Prater, fue formalizada por no actuar para detener estos desvíos, lo que llevó al juez a decretar medidas cautelares como arraigo nacional y firma mensual. Además, el empresario Hernán Romero Sáez fue investigado por un esquema defraudatorio que causó un perjuicio de 482 millones de pesos, proponiendo pagar una fianza de 3 millones para levantar la medida de arraigo debido a un viaje familiar próximo a Brasil.

Desarrollado por Bío Bío Comunicaciones

La exgerenta general interina de Puerto Coronel, Michelle Prater, fue formalizada por administración desleal quedando con firma mensual y arraigo nacional. Con esas mismas cautelares quedó Hernán Romero, hermano del diputado Leónidas Romero. El empresario pagará una caución de tres millones de pesos por un viaje familiar a Brasil programado en febrero.

Según los antecedentes entregados en audiencia por la fiscal, Glenda Lagos, el fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, el gerente general de la compañía hasta fines de 2021, Javier Anwandter, y el otrora gerente de administración y finanzas, Daniel Chamorro Madariaga "dispusieron del patrimonio" de la citada firma para "generar pagos" en favor del primero, cuyos montos estaban por sobre lo que le correspondía en su calidad de director.

Para ello se emitieron facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados a través de su empresa, la sociedad de inversiones Codegua Ldta, además otros pagos como "supuesta proveedora" del puerto.

Lo anterior habría generado un perjuicio para la compañía de 626 millones de pesos.

Michelle Prater, gerente interina de Puerto Coronel hasta octubre de 2023, fue formalizada por administración desleal por "omitir acciones destinadas a impedir los desvíos de los dineros". Esto, pese al "deber que tenía de salvaguardar el patrimonio" de la firma, señaló la persecutora.

En ese contexto, la fiscal solicitó las cautelares de arraigo nacional y firma mensual para la ejecutiva norteamericana, lo que fue decretado por el juez de Garantía de Coronel.

Con dichas cauetelares también quedaron Javier Anwandter y el empresario Hernán Romero Sáez. Este último es investigado por la creación de un "esquema defraudatorio en perjuicio" de la portuaria, mediante "la permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava SA, lo que habría generado un perjuicio a la compañía de más de 482 millones de pesos.

Previo al decreto de arraigo nacional, el abogado defensor de Romero Sáez, Pelayo Vial, señaló que su cliente tiene un viaje familiar a Brasil en febrero próximo y por ello la propuesta del pago de una fianza con la finalidad de levantar esa cautelar.

En ese contexto, el empresario deberá pagar una caución de 3 millones de pesos, lo que se decretó en la citada audiencia.