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05 September 2025 | 19:59
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Hoy se esperaba que la Corte de Apelaciones de Concepción resolviera la solicitud de suspender el cobro del peaje en el puente Industrial entre San Pedro de la Paz y Hualpén. Dirigentes liderados por Robert Contreras denuncian la ilegalidad de pagar por un puente incompleto. Ex seremi del MOP, Víctor Reinoso, menciona que el cobro del peaje debería ser proporcional al avance de la obra. Se espera que este martes se revise la orden de no innovar para detener el cobro que va desde 737 pesos a 3,685 pesos.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesUn ex seremi de Obras Públicas acusó que la apertura provisoria del Puente Industrial sólo buscó impedir que el nuevo gobierno inaugurara el viaducto. Ante esa decisión, Víctor Reinoso dijo que el cobro del peaje debió ser proporcional al avance de la construcción, subsidiando el Estado la diferencia que hubiese dejado de percibir la concesionaria.
Se preveía que este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción resolviera la orden de no innovar para suspender el cobro del peaje para los vehículos que utilicen el puente Industrial que conecta San Pedro de la Paz con Hualpén.
Se trata de la segunda solicitud de dirigentes sociales y abogados liderados por el ex gobernador Robert Contreras, en el marco de un recurso de protección que denuncia como ilegal la obligación de de pagar por el uso de un puente cuya construcción no está completa.
Consultada la opinión de Víctor Reinoso, ex seremi del MOP durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, señaló que ante la apertura provisoria el cobro debió ser por debajo del 100 por ciento, acorde al avance de la obra. Recordó que al respecto hay un precedente, cuando se prohibió a la concesionaria de la Ruta 160 aplicar un reajuste al peaje sin tener completado el puente Ramadillas y asumiendo el Estado el incremento.
El ex seremi del MOP dijo estar seguro que el adelanto en la puesta en marcha del puente Industrial tuvo por objetivo permitir al actual gobierno la inauguración de la obra vial, decisión tomada -subrayó- a costa del bolsillo de los usuarios.
Este martes el tribunal de alzada debería revisar la orden de no innovar reiterada por los denunciantes, pidiendo que se paralice el cobro del importe, que va entre los 737 de pesos para autos y 3 mil 685 pesos para camiones.