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El robo de cable de cobre volvió a instalarse como tema de preocupación en la Región del Biobío, especialmente tras conocerse nuevos antecedentes sobre bandas organizadas vinculadas a este delito.
Sobre este tema conversamos con Diego Muñoz, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, quien analizó la gravedad de estas estructuras criminales y el impacto que generan tanto a nivel local como nacional.
Durante la entrevista, el especialista explicó que desbaratar una banda de crimen organizado siempre es una buena noticia, sobre todo en delitos como el robo de cobre, que en comunas como Talcahuano ha generado reiterados problemas de conectividad, cortes de servicios y afectación directa a la vida cotidiana de la comunidad. A eso se suma que estas organizaciones no solo se dedican al robo, sino que además articulan una cadena completa para almacenar, transportar y comercializar el material robado, incluso fuera del país.
Según indicó Diego Muñoz, este tipo de delitos requiere investigaciones complejas, ya que no basta con detener a quienes ejecutan el robo, sino que también se debe seguir la ruta del dinero y establecer responsabilidades en toda la estructura, incluyendo financistas, intermediarios y jefaturas. En ese sentido, recalcó que el carácter organizado del delito lo vuelve especialmente grave, ya que involucra coordinación logística, participación de empresas y posibles fallas en los controles.
El abogado también abordó el marco legal vigente, señalando que actualmente existen penas específicas para el robo de cables y otros elementos de redes de suministro, además de sanciones más altas cuando se acredita asociación criminal. Sin embargo, advirtió que aún existen vacíos en materias de fiscalización y trazabilidad, lo que dificulta detectar a tiempo estas operaciones y frenar su expansión.
Finalmente, planteó que el combate a este delito no pasa solo por detener a los autores materiales, sino también por fortalecer controles en rutas, puertos, centros de acopio y puntos de compra de cobre, para evitar que siga operando un mercado que termina incentivando nuevos robos.

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