Subsecretario Gabriel Ugarte detalla aplicación de la ficha FIBE y ayudas para damnificados por el sistema frontal

El paso de los últimos sistemas frontales por la Región del Biobío dejó viviendas destruidas, familias aisladas y daños provocados por inundaciones, desbordes y fuertes marejadas. En medio del despliegue gubernamental para enfrentar la emergencia, el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, visitó Nuestra Casa para entregar un balance sobre la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia, las ayudas contempladas para las personas afectadas y los próximos pasos del proceso de recuperación.

La autoridad explicó que el Gobierno se encuentra desplegado en distintos territorios para conocer directamente la magnitud de los daños y coordinar las respuestas junto a municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y autoridades regionales. Aunque los mayores efectos del nuevo sistema frontal se concentraban en el norte chico, señaló que en Biobío ya comenzó la transición desde la etapa de emergencia hacia la recuperación de las comunidades afectadas.

Más de 600 fichas FIBE aplicadas en la Región del Biobío

Uno de los principales instrumentos para identificar a las familias damnificadas es la Ficha Básica de Emergencia, FIBE, cuyo objetivo es recopilar información sobre la composición del hogar, el estado de la vivienda y la pérdida de enseres.

Ugarte informó que a nivel nacional ya se habían completado alrededor de 2 mil fichas, mientras que en la Región del Biobío el levantamiento superaba las 600 aplicaciones. La cifra, agregó, continúa aumentando rápidamente a medida que los equipos municipales y del nivel central recorren las zonas afectadas.

El subsecretario llamó a las familias a mantener la tranquilidad en caso de que todavía no hayan recibido la visita de un encuestador. Explicó que el proceso sigue abierto y que quienes no se encontraban en sus viviendas durante el recorrido pueden acercarse a sus respectivos municipios para solicitar la aplicación de la ficha.

La información debe ser entregada de manera completa y veraz, debido a que los funcionarios acreditados realizan una revisión directa de los daños. Estos antecedentes permiten determinar qué tipo de ayuda requiere cada hogar y focalizar los recursos públicos de acuerdo con la gravedad de la afectación.

Bono de recuperación podría alcanzar $1,5 millones

Con los antecedentes recopilados mediante la FIBE, el Gobierno realizará una clasificación de los daños registrados en viviendas y pertenencias. A partir de esta evaluación, las familias podrán acceder al denominado bono de recuperación o bono de enseres.

Según explicó Ugarte, los montos considerados fluctúan entre $375 mil y $1,5 millones, dependiendo de la magnitud de las pérdidas sufridas por cada grupo familiar. La intención, sostuvo, es procesar la información con rapidez para que la ayuda llegue durante las primeras etapas de recuperación.

La autoridad reconoció que uno de los principales desafíos frente a las emergencias es evitar retrasos y que ninguna persona damnificada quede fuera de los beneficios por no haber estado presente cuando se realizó el catastro. Por ello, aseguró que el despliegue se mantendrá durante los próximos días y se irá ampliando si aparecen nuevos daños asociados a las lluvias o a la crecida de ríos y esteros.

La situación continúa siendo dinámica, especialmente porque los suelos permanecen saturados y se han registrado nuevas alertas por aumentos de caudal en sectores como la provincia de Arauco. En ese contexto, podrían surgir nuevos hogares afectados que también deberán ser incorporados al levantamiento.

Evaluación de las familias afectadas por los incendios

Durante la entrevista también se abordó la situación de las personas que perdieron sus viviendas en los incendios forestales ocurridos durante el verano en las regiones de Ñuble y Biobío. Varias de ellas continuaban viviendo en instalaciones provisorias o desarrollando trabajos de reparación cuando comenzaron las intensas lluvias.

Ugarte reconoció que el sistema frontal volvió a golpear a algunas de estas familias y destacó la reciente aprobación del proyecto de ley de reconstrucción, que permitiría habilitar nuevos recursos para apoyar a las zonas afectadas por los incendios.

La iniciativa, señaló, busca financiar parte de los procesos que todavía se encontraban pendientes y facilitar medidas relacionadas con la reconstrucción de viviendas, recuperación económica y generación de empleo.

Encuesta CASEN 2026 comenzará con un proceso piloto

La visita del subsecretario también permitió abordar la preparación de la nueva Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2026, instrumento utilizado para medir la pobreza y conocer las condiciones sociales de los hogares del país.

Las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Biobío forman parte de una aplicación piloto que permitirá revisar el funcionamiento de los cuestionarios, los protocolos de trabajo y los nuevos sistemas utilizados por los encuestadores. La aplicación definitiva a nivel nacional comenzaría el 1 de noviembre.

Ugarte llamó a las familias seleccionadas a recibir a los encuestadores y entregar información fidedigna sobre su realidad. Recalcó que los datos son privados, se encuentran protegidos y serán utilizados exclusivamente con fines estadísticos y para la elaboración de políticas sociales.

La autoridad también se refirió al temor que podría existir entre familias migrantes ante la posibilidad de que la información sea utilizada para otros procedimientos. Al respecto, fue enfático en señalar que la encuesta no busca identificar ni fiscalizar individualmente a las personas, sino conocer las condiciones de los distintos grupos que habitan el país.

Empleo y pobreza: los desafíos sociales para la región

Al analizar los principales desafíos sociales del Biobío, el subsecretario indicó que la región presenta una tasa de pobreza por ingresos superior al promedio nacional y dificultades relacionadas con la pobreza multidimensional, que considera factores como salud, educación, vivienda, redes y cohesión social.

A esto se suma la falta de empleo, un problema que ya estaba presente antes de las emergencias y que podría profundizarse debido a los daños provocados por los incendios y los sistemas frontales.

Ugarte sostuvo que las ayudas estatales son fundamentales durante las emergencias, pero advirtió que la reducción sostenible de la pobreza requiere que las familias puedan generar ingresos propios. Por ello, planteó que la reconstrucción debe ir acompañada de medidas para recuperar la inversión, impulsar el crecimiento y mejorar las oportunidades laborales.

Mientras continúa el catastro de los daños, el Gobierno mantendrá la aplicación de la ficha FIBE y la coordinación con los municipios de la Región del Biobío, con el compromiso de identificar a las familias afectadas y acelerar la entrega de apoyos para enfrentar las pérdidas provocadas por las lluvias y marejadas.