Escuelas Protegidas ya es ley: revisión de mochilas abre debate sobre seguridad y confianza en las comunidades educativas

La nueva normativa, publicada en el Diario Oficial, incorpora medidas como la posibilidad de revisar mochilas y pertenencias en determinadas circunstancias y prohíbe el uso de vestimentas que oculten el rostro dentro de los establecimientos. Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, analiza el desafío de enfrentar la violencia escolar desde una mirada preventiva.

La Ley Escuelas Protegidas ya entró en vigencia, abriendo un nuevo escenario para las comunidades educativas frente a los hechos de violencia que han afectado a distintos establecimientos del país.

La normativa incorpora herramientas destinadas a reforzar la seguridad en los recintos educacionales, entre ellas la posibilidad de revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias de estudiantes bajo las condiciones que establece la ley. También contempla restricciones al uso de prendas o elementos que permitan ocultar el rostro dentro de los establecimientos.

La entrada en vigencia de la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado su tramitación: ¿son suficientes las medidas de control para enfrentar la violencia escolar o el desafío requiere avanzar con mayor fuerza en prevención y acompañamiento temprano?

Para abordar este tema, en Canal 9 Biobío TV conversamos con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, institución que trabaja en prevención y desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes, con programas y estrategias basadas en evidencia.

¿Una respuesta adecuada frente a la violencia escolar?

La discusión sobre Escuelas Protegidas surge en un contexto marcado por distintos episodios de violencia ocurridos al interior y en el entorno de establecimientos educacionales.

Para Raúl Perry, el debate no puede limitarse únicamente a las medidas que se aplican cuando el problema ya se ha manifestado. Desde la Fundación San Carlos de Maipo han insistido en la necesidad de fortalecer estrategias preventivas que permitan actuar antes de que las conductas de riesgo escalen.

La organización ha planteado que las herramientas relacionadas con habilidades parentales, educación socioemocional, convivencia escolar y fortalecimiento de factores protectores pueden desempeñar un papel relevante en la prevención de conductas violentas desde etapas tempranas.

En ese sentido, uno de los principales desafíos que abre la nueva ley será evaluar cómo las medidas de seguridad pueden convivir con políticas de prevención que fortalezcan los vínculos dentro de las comunidades educativas.

La revisión de mochilas y el debate sobre la confianza

Uno de los puntos que mayor discusión ha generado es la posibilidad de revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes.

La medida busca entregar herramientas para prevenir el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad de la comunidad escolar. Sin embargo, también ha abierto interrogantes sobre su implementación y sobre el eventual impacto que este tipo de procedimientos podría tener en la relación entre estudiantes, familias y establecimientos.

¿Puede la revisión de mochilas transformarse en una herramienta preventiva efectiva?

Para Raúl Perry, esta discusión debe considerar no solo la reacción frente a hechos de violencia, sino también las condiciones que permiten prevenirlos.

La Fundación San Carlos de Maipo ha advertido previamente que concentrar la respuesta exclusivamente en medidas punitivas o en intervenciones una vez que la violencia ya se produjo puede dejar fuera una parte fundamental del problema: la necesidad de intervenir tempranamente sobre los factores de riesgo y fortalecer las condiciones que favorecen trayectorias positivas en niños, niñas y adolescentes.

El desafío, entonces, será encontrar un equilibrio entre la necesidad de resguardar la seguridad y la construcción de comunidades educativas basadas en relaciones de confianza.

Seguridad y prevención: dos desafíos complementarios

La entrada en vigencia de Escuelas Protegidas representa una nueva herramienta para los establecimientos, pero también plantea interrogantes sobre la forma en que se aplicarán estas medidas en la práctica.

La prevención de la violencia escolar requiere la participación de distintos actores: familias, docentes, equipos directivos, estudiantes y comunidades.

Desde Fundación San Carlos de Maipo han destacado que la familia, la escuela y el entorno comunitario cumplen funciones complementarias en la construcción de factores protectores y en la detección temprana de situaciones que pueden afectar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Así, la implementación de la nueva ley abre una discusión que va más allá de la revisión de pertenencias o las restricciones al uso de determinadas vestimentas.

El desafío será determinar si estas herramientas logran integrarse a una estrategia más amplia, capaz de responder ante situaciones de riesgo, pero también de evitar que la violencia llegue a instalarse como una respuesta habitual dentro de las comunidades educativas.