Kast acelera reforma de seguridad: analista aborda complejo escenario político

La agenda política se mantiene marcada por dos frentes: mientras la oposición intenta reunir los respaldos necesarios para impulsar una acusación constitucional contra la exministra Steinert, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia, una reforma constitucional de seguridad que contempla ocho modificaciones. La analista política y académica de la UDD, Lesley Briceño, analiza el escenario.

El proyecto ingresado al Senado propone ocho modificaciones constitucionales y forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

Entre sus principales puntos se encuentra incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, establecer nuevas herramientas contra el crimen organizado y habilitar la creación de registros de organizaciones criminales.

La propuesta también contempla entregar al Presidente de la República la facultad de declarar, bajo determinadas condiciones y con posterior intervención del Senado, que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado.

Un nuevo estado de excepción en el centro del debate

Uno de los aspectos que ha generado mayor discusión es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Según el proyecto, esta herramienta podría ser utilizada ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.

La propuesta establece una duración inicial de hasta 120 días, con la posibilidad de una prórroga presidencial por un período equivalente. Para extensiones posteriores se requeriría el acuerdo del Congreso Nacional.

Durante su vigencia, el proyecto contempla la posibilidad de restringir o suspender determinados derechos, como la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión, además de establecer restricciones al derecho de asociación e incorporar facultades relacionadas con documentos y comunicaciones.

Precisamente, el alcance de estas atribuciones se ha transformado en uno de los principales puntos de debate público y político en torno a la reforma.

Ocho medidas y un Congreso bajo presión

Además del nuevo estado de excepción, la iniciativa plantea regímenes especiales y restricciones para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo, junto con nuevas herramientas para combatir la operación de organizaciones criminales.

Entre las propuestas se incluyen limitaciones a ciertos beneficios penitenciarios, restricciones para ejercer cargos públicos y la posibilidad de establecer registros especiales de organizaciones criminales mediante una ley.

La decisión del Ejecutivo de ingresar el proyecto con suma urgencia agrega presión al debate parlamentario, considerando que se trata de una reforma constitucional y que varias de sus disposiciones requerirán amplios acuerdos políticos para avanzar.

Dos debates que tensionan la agenda política

La eventual acusación constitucional contra la exministra Steinert y la aceleración de la reforma de seguridad configuran un escenario de alta intensidad política.

Mientras la oposición busca ordenar sus fuerzas y definir si cuenta con los votos para avanzar en una acusación, el Gobierno enfrenta el desafío de conseguir respaldos para una ambiciosa reforma constitucional que ha abierto debate sobre el equilibrio entre nuevas herramientas de seguridad y el resguardo de los derechos fundamentales.