Proyecto que busca perseguir denuncias falsas en causas de familia abre debate por posible efecto en víctimas de violencia

La iniciativa busca sancionar a quienes presenten denuncias falsas en materias de familia, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Sin embargo, especialistas advierten que uno de los principales desafíos será distinguir entre una acusación deliberadamente falsa y aquellos casos en que los hechos denunciados no logran ser acreditados judicialmente.

Un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución de las denuncias falsas en causas de familia, violencia intrafamiliar y delitos sexuales volvió a instalar el debate sobre los límites de la responsabilidad penal y las garantías que deben existir tanto para denunciantes como para las personas acusadas.

La iniciativa contempla sancionar a quienes realicen una denuncia sabiendo que los hechos relatados son falsos o actuando con una “manifiesta negligencia respecto de la verdad”.

El proyecto ha generado especial atención debido a las posibles consecuencias que podría tener en materias particularmente sensibles, como la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, donde muchas veces la obtención de pruebas puede ser compleja y los hechos pueden ocurrir en espacios privados.

Para Carolina Araya, abogada y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA), uno de los principales desafíos jurídicos será establecer claramente cuándo una denuncia puede ser considerada falsa y evitar que la falta de pruebas sea confundida con una acusación deliberadamente inventada.

¿Qué significa realmente una denuncia falsa?

Uno de los puntos centrales de la discusión es diferenciar entre una denuncia que no logra ser acreditada y una denuncia que efectivamente fue presentada de manera fraudulenta.

Que una investigación termine sin condena o que los antecedentes disponibles no sean suficientes para acreditar un delito no significa necesariamente que quien denunció haya mentido.

Para que exista responsabilidad por una denuncia falsa debería ser posible establecer que la persona sabía que los hechos denunciados no eran verdaderos o que actuó con un nivel de negligencia respecto de la verdad que pueda ser acreditado jurídicamente.

Esta distinción resulta especialmente relevante en causas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, donde pueden existir dificultades para obtener evidencia directa.

El temor a denunciar

Uno de los principales puntos de preocupación frente a este tipo de iniciativas es el eventual efecto que podría generar en las víctimas.

Una mujer que ha sufrido violencia podría preguntarse si, en caso de no lograr demostrar los hechos ante los tribunales, podría terminar siendo investigada por haber realizado una denuncia falsa.

Para especialistas en materia jurídica y de género, este escenario podría generar un efecto inhibidor de las denuncias, especialmente entre personas que ya enfrentan miedo, dependencia económica, presión familiar o consecuencias emocionales producto de una situación de violencia.

Por ello, uno de los aspectos fundamentales será que la aplicación de la eventual normativa no transforme la falta de acreditación de un hecho en una presunción de falsedad.

Delitos sexuales: cuando la prueba puede ser especialmente compleja

La discusión adquiere una dimensión particular cuando se trata de delitos sexuales.

En muchos de estos casos no existen testigos directos y la evidencia puede ser limitada o aparecer tiempo después de ocurrido el hecho. Además, existen víctimas que tardan meses o incluso años en denunciar por temor, vergüenza, dependencia emocional o por las propias consecuencias psicológicas asociadas a la experiencia.

Una investigación que no consigue reunir pruebas suficientes para obtener una condena no permite, por sí sola, concluir que el delito no ocurrió.

Por eso, el desafío para cualquier modificación legislativa será establecer estándares claros que permitan perseguir efectivamente las denuncias realizadas de manera maliciosa, sin generar un incentivo para que las víctimas permanezcan en silencio.

El equilibrio entre proteger a las víctimas y evitar abusos

La discusión sobre las denuncias falsas también responde a una preocupación legítima del sistema judicial: evitar que los tribunales sean utilizados deliberadamente para perjudicar a otra persona.

En particular, en causas de familia pueden existir conflictos complejos entre padres, madres y otros integrantes del núcleo familiar. Una denuncia falsa utilizada como herramienta para obtener ventajas en un proceso puede tener consecuencias importantes para la persona acusada y para los propios hijos involucrados.

El desafío, entonces, consiste en encontrar un equilibrio entre perseguir el uso malicioso del sistema judicial y garantizar que las personas víctimas de violencia puedan denunciar sin temor a ser castigadas simplemente porque su relato no pudo ser probado.

Una norma que deberá aplicarse con especial cuidado

La eventual aprobación del proyecto abrirá un nuevo escenario para fiscales, tribunales y abogados, quienes deberán determinar con precisión cuándo existe una conducta sancionable.

Para Carolina Araya, la clave estará en que el estándar jurídico sea suficientemente claro para evitar interpretaciones que terminen afectando el derecho de las víctimas a recurrir a la justicia.

En ese sentido, el debate no debería centrarse únicamente en la existencia de denuncias falsas, sino también en cómo se determina judicialmente que una persona denunció deliberadamente un hecho que sabía que era falso.

La diferencia es fundamental: una cosa es que una denuncia no prospere por falta de pruebas y otra completamente distinta es que se logre demostrar que fue inventada de manera consciente.

Mientras el proyecto avanza en su discusión legislativa, el desafío será construir una regulación que permita sancionar los abusos sin generar un nuevo obstáculo para quienes necesitan recurrir al sistema judicial para denunciar situaciones de violencia intrafamiliar o delitos sexuales.