$2.000 millones de multa: abogada explica histórica condena ambiental para empresario por destrucción de humedal

El sistema judicial chileno marcó un precedente clave en materia medioambiental tras dictar la primera condena penal por delitos de esta naturaleza.

El caso involucra al empresario Cristian Saro, quien fue sentenciado tras un largo proceso de juicio oral por los graves daños ocasionados en un humedal y la tala ilegal de árboles en un terreno ubicado en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos.

En el análisis de este dictamen, la abogada magíster en derecho económico y financiero y directora ejecutiva de la Red de Integridad y Estado Abierto, Carolina Álvarez, que este fallo representa un cambio radical en comparación con sanciones anteriores.

"Este fallo marca un antes y un después; por primera vez destruir un humedal termina en una condena penal: son en definitiva 5 años bajo libertad vigilada y más de 2.000 millones de pesos en multa."

"Por los mismos hechos, hace dos años le habrían cobrado 5 millones en un juzgado de policía local, y ese es el cambio que trajo la ley", explicó la especialista.

La condena impuesta contempla una multa de 30.000 UTM (lo que equivale a más de $2.150 millones de pesos) y 5 años de libertad vigilada. Si bien la Fiscalía había solicitado inicialmente 8 años de reclusión bajo figuras agravadas, el tribunal optó por aplicar la normativa base.

Anteriormente, este tipo de infracciones se tramitaban principalmente en juzgados de policía local con multas menores (poco más de $5 millones de pesos en casos previos del mismo acusado), sin contemplar presidio efectivo o penas de cárcel asociadas directamente a la destrucción sistemática del ecosistema.

Con la entrada en vigencia del nuevo régimen ampliado de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales, la responsabilidad por atentados al medio ambiente no se limita únicamente a las personas naturales.

Desde septiembre de 2024, las personas jurídicas (empresas de todos los tamaños, sociedades estatales y corporaciones) pueden ser procesadas y condenadas penalmente por delitos ambientales si no cuentan con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adecuadamente implementado.

Consultada sobre el estado actual del sector afectado, la abogada enfatizó que la reparación ecológica es prácticamente inviable a escala humana:

"Según los peritos dentro de esta causa, 1 cm de suelo demoraba entre 400 y 1.000 años en formarse, por lo que no hay sanción pecuniaria que pueda reparar este daño ambiental", enfatizó la profesional.

La histórica condena dictada en la Región de Los Ríos repercute directamente en zonas de alto valor ecológico a lo largo del país, poniendo bajo la lupa la situación de los humedales en la Región del Biobío.

La Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales tiene un alcance amplio y transversal. Afecta tanto a personas individuales como a organizaciones del sector privado y público.