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La controversia originada tras la rebaja de penas concedida a 56 personas privadas de libertad por delitos sexuales contra menores reabrió el debate sobre los criterios del Ejecutivo al otorgar beneficios carcelarios.
Para analizar las implicancias legales de esta medida, la abogada y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas, Carolina Araya, abordó las diferencias entre figuras jurídicas como el indulto, la libertad condicional y la reducción de penas.
Durante su intervención, la académica explicó que ni el indulto ni los beneficios de salida o rebaja de condena borran los antecedentes penales ni significan la inocencia del condenado.
Respecto a la rebaja de pena, Araya detalló que se trata de un beneficio administrativo anual en el que una comisión técnica evalúa la conducta, estudios y trabajo penitenciario del reo.
Sin embargo, la decisión final recae en el Ministerio de Justicia mediante la firma de un decreto que no constituye una obligación automática. Según la especialista, "si el Ministerio de Justicia dice 'tengo mis dudas porque a lo mejor no reúnen los requisitos', puede decir que no". explicó la profesional.
El punto central de la discusión pública apunta a la justificación expresada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien argumentó haber actuado en función de un supuesto criterio unificado de la Corte Suprema favorable a estas solicitudes.
Frente a este argumento, Carolina Araya tildó la explicación como "imprecisa", recordando que en Chile los fallos judiciales no sientan jurisprudencia obligatoria para casos posteriores.
"Nosotros en Chile no podemos afirmar que la Corte Suprema va a fallar siempre de una forma, porque las personas que están detrás de cada sentencia no están obligadas bajo nuestra normativa a dictar un fallo en los mismos términos".

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