La definición sobre cuántos votos se necesitan para aprobar el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes se transformó en el principal nudo de su tramitación en el Senado, abriendo una disputa jurídica y política que terminó por retrasar su votación y poner en duda su viabilidad.
Disputa por quórum frena votación de ley que tipifica ingreso clandestino como delito
¿Cuántos votos se necesitan para aprobar el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes? Esa es la pregunta que motivó el retraso de la votación del proyecto en la sala del Senado, teniendo este lunes un capítulo clave en esa discusión.
Durante el primer debate el senador Andrés Longton (RN), solicitó la recalificación del quórum del proyecto para que vuelva a ser simple, luego de que la Comisión de Gobierno Interior del Senado definiera un quórum de ley orgánica constitucional, exigiendo 25 apoyos para su aprobación.
Los parlamentarios impulsores del controversial proyecto de ley, que fue rechazado por la comisión de mayoría opositora, buscan que la iniciativa vuelva a ser considerada como una ley simple, necesitando así solo la mayoría de los presentes en la sala en la votación.
Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional, se refirió al informe de la Corte Suprema que generó la polémica: El máximo tribunal estimó que al crear un nuevo delito para el ingreso de migrantes, algunas de las normas del proyecto tocaban a los tribunales de justicia.
Peña es de la opinión contraria. Ella dice que eso no significa que deje de ser ley simple y explica con ejemplos.
En el proyecto, cuando una persona es detectada ingresando por un paso clandestino, se estipula que si no puede ser reconducido inmediatamente, es detenido para posteriormente pasar a tribunales. Peña dice que eso no significa que se necesite una mayor cantidad de votos para aprobarlo en el senado:
“La detención es una etapa previa a que el imputado pase a control de detención. Estamos hablando de una fase administrativa que está a cargo de las policias y en la cual no cabe intervención aún del tribunal”, sostuvo .
El abogado constitucionalista Tomás Jordán, concuerda en que no todo el proyecto se involucra en nuevas facultades para los tribunales, pero sí señala que hay numerales que entregan la facultad al juez para dictaminar la expulsión en casos específicos.
En ese escenario, el abogado -cercano a la DC- aseguró que si se podría considerar la necesidad de una votación especial:
“Se fijan nuevas competencias y la forma para ejercerlas es que cuando resulta el mérito para condenar, el juez podrá dictar sentencia y disponer la expulsión”.
La propuesta fue puesta en tabla como primer punto para la sala de este martes, luego de que pasara por una primera discusión en la sala y el gobierno decidiera cambiar la urgencia del proyecto de discusión inmediata a urgencia suma, dando plazo al debate constitucional.
