La Corte Suprema ratificó la paralización de obras en un predio agrícola de Puerto Varas, donde se subdividía un fundo para vender parcelas, respaldando de este modo las acciones tomadas por el municipio, quienes además le requirieron a la empresa permisos de un proyecto inmobiliario.
Fue en 2022 cuando el municipio de Puerto Varas, a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), ordenó la paralización de obras en el proyecto denominado “Landhaus Los Colonos”, ubicado en el Fundo Libertad en el sector La Laja de la comuna. Uno que estaba a cargo de la empresa Agrícola y Ganadera Aitué Limitada y Constructora, y de la Inmobiliaria Tres Puentes SpA.
A solicitud del Consejo de Defensa del Estado, se constató que se trataba de la subdivisión de un predio de 133,14 hectáreas, donde además se construían caminos, se talaban árboles, se extraían áridos, se movía tierra, se instaló red eléctrica y se realizaron obras para extraer agua de pozo. Todo, sin contar con los permisos pertinentes según detectó la DOM puertovarina, el SAG y Conaf.
Las irregularidades constatadas por los organismos públicos fueron llevadas a tribunales, donde inicialmente el Juzgado de Policía Local desestimó las sanciones impuestas por el municipio. No obstante, luego la Corte de Apelaciones revocó el fallo y ratificó la paralización de obras hasta que se tramiten los permisos inmobiliarios pertinentes.
Los privados apelaron a la Suprema, la cual desestimó la queja y ratificó el fallo de segunda instancia. Al respecto se refirió el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate.
“Logramos ratificar (…) que la municipalidad actuó bajo legalidad. Fue muy criticada la acción del municipio en ese momento; se decía que estábamos actuando fuera de nuestras atribuciones. Pero bajo una interpretación fidedigna de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la situación era muy clara”, postuló.
Alcalde recuerda proyecto para regularizar proyectos inmobiliarios rurales
Considerando el aumento de parcelaciones que se registró en Puerto Varas y comunas del sur de Chile en los últimos años, el alcalde recordó el proyecto de ley que presentaron al Ejecutivo para modificar la Ley General de Urbanismo, a fin de reconocer los proyectos inmobiliarios rurales y otorgarles un marco normativo que evite los riesgos para la población y el ecosistema.
“Es decir, ciertos criterios mínimos que nos permitan que esos proyectos sean responsables y sean sostenibles”, afirmó.
Finalmente, el jefe comunal dijo que su iniciativa tuvo buena acogida por parte del ministro de Vivienda y Urbanismo, a quien le plantearon personalmente el proyecto.
