El exdiputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche de prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara esta medida cautelar en el marco de la investigación por fraude al fisco y tráfico de influencias.
En ese sentido, el abogado del exparlamentario, Cristóbal Bonacic, estuvo durante la mañana de este sábado en el centro penitenciario y aseguró que su clientes “él está tranquilo. Tenemos la firme convicción que no se ha cometido delito alguno”.
Además reiteró que más allá de la prisión preventiva, esto es solo el inicio de todo el proceso. “A nuestro juicio, obviamente, la medida cautelar es absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso, que esperamos que se revierta durante el corto plazo. No hay que perder perspectiva que esto está recién empezando”, argumentó.
Bonacic volvió a mencionar que “toda persona tiene derecho a un juicio objetivo y imparcial”. En ese sentido, aclaró que a Joaquín Lavín León, “eso le da la tranquilidad, dar cuenta de que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente, la conclusión va a ser distinta”.
Pese a que considera que la prisión preventiva es una medida desproporcionada, recalcó que es una realidad que “va a tener que sobrellevar”. “Esperemos que sea lo más corto posible porque, insisto, tenemos la convicción de que aquí no hay delito y que hay una investigación que ha sido cerrada y, obviamente, armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que, obviamente, no se justifican”, agregó.
Medidas cautelares
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, tras extensas jornadas de formalización.
Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
“…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo(…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó Urrutia.
El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación.
