El diputado Jaime Araya (IND-PPD) ingresó este miércoles ante el Ministerio de Justicia una petición para dejar sin efecto los decretos que redujeron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. También señaló que habría fundamentos para impulsar una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
El documento, que también firmaron los diputados Cristián Tapia y Héctor Ulloa, impugna los beneficios otorgados a 56 condenados por abuso sexual y violación de menores, junto con tres decretos relativos a secuestro calificado y tortura, dos de ellos vinculados a internos de Punta Peuco.
La solicitud se basa en el artículo 53 de la Ley 19.880 y busca que se abra un proceso de invalidación, previa audiencia de las personas interesadas, para anular los actos que, a juicio de los parlamentarios, no se ajustan a derecho.
Los diputados sostienen que el Ministerio no estaba facultado para aplicar a otros condenados los criterios establecidos en sentencias de casos específicos. Además, cuestionan que las decisiones carezcan de fundamentos suficientes y no hayan considerado adecuadamente los derechos de las víctimas.
Diputados piden detener los efectos de los decretos y dar audiencia a las víctimas
Como acción temporal, los parlamentarios pidieron que se suspendan las rebajas de condena para quienes aún estén en prisión, en caso de que los haya. También solicitaron comunicar el proceso a las víctimas y sus familias, protegiendo sus identidades, y pedir la opinión de la Defensoría de la Niñez.
Araya instó al presidente José Antonio Kast a poner en primer lugar la protección de las personas afectadas. A su juicio, la prioridad no debería ser el conflicto político, sino las medidas que permitan resguardar a las víctimas.
Sobre la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Rabat, el diputado precisó que esa idea todavía no ha sido acordada por la bancada PPD-Independientes.
En su opinión personal, afirmó que en este caso se reúnen las condiciones para una acusación constitucional.
