La diputada Daniela Serrano (PC), junto a un grupo de parlamentarios de la oposición, ingresó una presentación ante la Contraloría General de la República acusando a la Dirección de Educación Pública (DEP) de exceder sus facultades legales e intervenir indebidamente en la administración de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), en medio de la creciente preocupación por el futuro de este modelo de educación.
El requerimiento apunta directamente a una serie de oficios e instructivos emitidos por la DEP durante 2026, mediante los cuales, según denuncian, se ordenó detener concursos y nuevas contrataciones de personal, exigir autorizaciones previas para incorporar funcionarios e incluso intervenir en procesos de selección de cargos al interior de los SLEP.
Diputados denuncian intervención indebida de la Dirección de Educación Pública en los SLEP
En el escrito, los diputados integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, sostienen que estas medidas afectan tanto a los SLEP que ya están operando como a aquellos que aún se encuentran en fase de implementación, varios de los cuales deberán asumir el traspaso de establecimientos educacionales desde los municipios a partir de enero de 2027.
La presentación sostiene que la DEP estaría actuando más allá de las atribuciones que le entrega la ley 21.040, normativa que creó el nuevo Sistema de Educación Pública y definió a los SLEP como servicios descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Según el documento, la ley entrega a cada SLEP —y particularmente a sus directores ejecutivos— la facultad de contratar, designar y administrar personal, por lo que la DEP no podría imponer restricciones generales ni exigir autorizaciones adicionales para concretar contrataciones ya aprobadas presupuestariamente.
Uno de los puntos centrales del requerimiento cuestiona los oficios ordinarios N°955 y N°957 de 2026, donde la DEP instruyó detener concursos y nuevas contrataciones que no estuvieran finalizadas al 13 de marzo de este año, salvo excepciones específicas.
La diputada Daniela Serrano (PC) aseguró que las medidas responden a una decisión política para retrasar la implementación de la Nueva Educación Pública:
“Nosotros creemos que esto no es parte de una doble interpretación. Ellos están excediendo sus facultades legales y, por otra parte, esto responde a un diseño que tiene el Ministerio de Educación de retrasar la implementación de los servicios locales. Ellos están buscando que se pueda retrasar, que pueda fracasar, sobre todo, la implementación de nueva educación pública”, afirmó.
Intervención en selección de cargos en los SLEP
Otro de los aspectos cuestionados en la presentación apunta a un instructivo de la DEP que regula la provisión de cargos en SLEP en implementación. Según el documento enviado a Contraloría, la DEP estableció procedimientos mediante los cuales puede entrevistar postulantes, aprobar o rechazar candidatos e incluso participar en la selección final de determinados cargos considerados estratégicos o de confianza.
Para los diputados, aquello constituye una intervención improcedente en atribuciones que corresponden exclusivamente a cada servicio local.
La diputada Emilia Schneider (FA) sostuvo que la situación se suma a otras señales que, a su juicio, amenazan el fortalecimiento de la educación pública:
“Y este no es un hecho aislado. Se suma a las propuestas de recortes en financiamiento a la educación pública, se suma a la iniciativa de hacer una contrarreforma que han expresado diversos parlamentarios y parlamentarias de oficialismo, y esto solo le hace daño al sistema de la educación pública”, señaló.
En la misma línea, el diputado Juan Santana (PS) acusó un intento por debilitar las reformas impulsadas en el sistema educacional.
“Han pasado dos meses desde que se inició esta administración y lo único que hemos visto en materia de educación pública es un intento por destruir las reformas que en el último tiempo se han llevado adelante”, afirmó.
Solicitud a Contraloría
En concreto, los parlamentarios solicitaron a Contraloría que determine si las instrucciones emitidas por la DEP se ajustan a derecho y, en caso contrario, que ordene dejarlas sin efecto o aclarar que no son vinculantes para los SLEP.
Además, pidieron que el organismo requiera informes a la DEP sobre la cantidad de contrataciones actualmente paralizadas, las solicitudes de autorización ingresadas por los servicios locales y las respuestas entregadas por la repartición.
La ofensiva ocurre en un momento especialmente sensible para la Nueva Educación Pública, sistema que ha enfrentado críticas transversales por problemas de implementación, financiamiento y gestión, particularmente tras las crisis registradas en algunos SLEP durante los últimos años.
Pese a ello, desde la oposición advierten que las dificultades deben traducirse en correcciones al modelo y no en una paralización del proceso de traspaso desde los municipios al nuevo sistema estatal.
