La figura no era nueva. Ya en 2023, BioBioChile había revelado que el exdiputado socialista Osvaldo Andrade entregó informes prácticamente idénticos en distintas municipalidades. Pese a esas advertencias públicas y a los cuestionamientos sobre el uso de asesorías externas, durante 2026 volvió a mantener contratos simultáneos a honorarios en dos municipios: Copiapó y Santiago.
Según reveló El Zorro Nortino, Andrade ejercía como “asesor jurídico” en ambas administraciones comunales. En Copiapó, bajo la administración del alcalde Maglio Cicardini, el vínculo se extendía entre enero y junio de este año, por cerca de $20 millones, con pagos mensuales cercanos a los $3,3 millones. El contrato, además, se habría iniciado en noviembre de 2025.
En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, renovó una asesoría iniciada en febrero de 2025 por cerca de $35,8 millones. Sin embargo, el contrato fue puesto término el pasado 24 de marzo, en medio de crecientes cuestionamientos internos y revisiones administrativas.
La concejala republicana Carolina Prieto —quien detectó la presencia de Andrade en la nómina de colaboradores municipales— cuestionó la mantención de este tipo de contratos externos, particularmente considerando las observaciones previas que ya existían sobre informes y asesorías similares.
“Salta el tema de Óscar Andrade; según lo que haya conversado con la administración, es que en febrero se llama telefónicamente a Óscar Andrade para avisarle, de término de contrato en marzo“, explicó la edil.
Aunque la legislación no prohíbe mantener dos contratos simultáneos a honorarios con organismos públicos, en el entorno municipal reconocen que el principal temor apuntaba a eventuales observaciones de la Contraloría General de la República.
De hecho, una de las tesis que circula al interior del municipio es que el contrato fue terminado antes de que el organismo fiscalizador pudiera profundizar una eventual revisión.
El punto sensible está en la naturaleza misma de las funciones contratadas. Contraloría ha sostenido reiteradamente que las asesorías externas deben responder a labores específicas y especializadas que no puedan ser desarrolladas por las unidades permanentes del municipio.
En Santiago, el contrato de Andrade contemplaba “elaborar un estudio que contenga el diagnóstico y una propuesta de mejora de los actos administrativos que se sometan a la consideración de la Dirección de Asesoría Jurídica”.
Precisamente ahí aparece la zona gris. La función descrita guarda directa relación con tareas propias de la Dirección Jurídica municipal, cuya labor permanente es asesorar legalmente al alcalde, al Concejo Municipal y a las distintas unidades comunales, velando por el principio de legalidad.
El caso de Andrade, además, no sería aislado dentro de la revisión interna que realiza actualmente la Municipalidad de Santiago. Según antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, el municipio ha comenzado a revisar otros contratos de abogados externos suscritos bajo la modalidad de honorarios, varios de ellos estructurados en 12 pagos mensuales y con remuneraciones promedio cercanas a los $3 millones.
