Director de Junaeb arremete contra gestión Rubio: "Decir que ayudó a solucionar el problema es falso"

El director de la Junaeb, Fernando Peña, presentó ante la Fiscalía una denuncia por irregularidades que involucran $14 mil millones en raciones no entregadas en la región de O’Higgins. La investigación reveló nuevos antecedentes sobre modificaciones contractuales realizadas entre 2022 y 2023, las que aumentaron exponencialmente tanto el número de raciones como su valor unitario, alcanzando precios de hasta $8.680 por once, cuando el rango habitual oscila entre $800 y $1.100.

El caso adquiere especial relevancia porque involucra a la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, quien autorizó estas modificaciones mediante resoluciones exentas, sin consultar a Contraloría. Además, aparece el nombre de Alejandro Layseca, exjefe jurídico del servicio que posteriormente se desempeñó como asesor legal de Soser, la empresa cuestionada, según comentó Peña.

Este miércoles, en conversación con Radio Bío Bío, el director reveló que recuperaron correos electrónicos eliminados, los que mostrarían cómo Layseca habría recomendado a Rubio realizar las modificaciones contractuales evitando el control de Contraloría.

Antecedentes de la investigación

—¿Cómo llegaron a los $14 mil millones cuando antes se hablaba de $3.500 millones?

Esta investigación ya tiene larga data. Inicialmente, siempre estuvo circunscrita a un monto de $3.500 millones en la región de O’Higgins, con la misma empresa que hoy estamos investigando.

Lo que pesquisamos es que estos contratos fueron modificados en 2022 y 2023 mediante resoluciones exentas. Es decir, no se consultó a Contraloría, pese a que, por los montos involucrados, aquello sí correspondía.

Estas modificaciones elevaron tanto la cantidad de raciones como el valor unitario de estas. En 2022, el valor unitario presentado en esa modificación contractual era de $7.800 por una once. Por ejemplo, en una unidad territorial se asignaron 290 mil onces.

Sin embargo, de un año a otro, entre 2022 y 2023, en esa misma unidad territorial ya no se solicitaron 290 mil onces, sino 736 mil. Además, el valor unitario aumentó a $8.680. Eso no tiene absolutamente ninguna justificación.

—¿Por qué son pocas raciones?

Porque es un servicio que entregamos de manera muy ocasional. La once podría considerarse un cuarto servicio, en un horario más bien vespertino. Solo se utiliza cuando hay reprogramaciones o actividades extraescolares y, por lo tanto, habitualmente se programan muy pocas raciones en las licitaciones, ya que no es un servicio de alta demanda.

—¿Cuánto vale normalmente una once en Junaeb?

Entre $800 y $1.100.

—¿Son antecedentes nuevos?

Creemos que sí son antecedentes nuevos, porque quien autoriza y facilita que estas modificaciones contractuales se realicen es el exjefe jurídico de Junaeb, quien pocos años después aparece como asesor legal de la misma empresa cuestionada. Eso es muy extraño y, además, constituye al menos un indicio de conflicto de interés que es importante investigar.

—¿Por qué se eliminaron las bandas de precios en esta licitación?

En esa licitación específica se eliminaron las bandas de precios, lo que permitió que las empresas presentaran valores absolutamente altos y fuera de mercado. Nosotros normalmente sí contamos con bandas de precios, pero en este caso no existían.

Rol del exjefe jurídico de Junaeb

—Mencionó que hay nuevos antecedentes. ¿Cuáles?

Recuperamos un correo electrónico en el que el exjefe jurídico, Alejandro Layseca —quien hoy trabaja en Soser—, le recomienda a la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, que las modificaciones contractuales podían realizarse mediante resoluciones exentas, sin pasar por Contraloría.

Sin embargo, por los montos involucrados y por el origen de la licitación —que sí tuvo toma de razón—, lo natural y legal es que cualquier modificación contractual también estuviera afecta a ese trámite.

Él es quien le recomienda a la autoridad que estas modificaciones se hagan mediante resoluciones exentas. Esos correos fueron eliminados y nosotros los recuperamos desde el servidor.

—¿Quién eliminó ese correo?

El remitente. Por eso hablamos de nuevos antecedentes y nuevas líneas de investigación, muy distintas a las que le correspondió responder a la exdirectora ante Contraloría.

Nosotros queremos transparentar esto, porque además eso fue lo que personalmente me pidió el Presidente de la República: llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Acá lo importante es conocer la verdad y que Junaeb, de una vez por todas, pueda comenzar a transitar por un camino distinto al que ha conocido en los últimos años, marcado por cuestionamientos, dudas y críticas.

—La exdirectora Camila Rubio ha señalado que heredaron un problema de la licitación de 2020, durante el gobierno de Piñera, y que colaboraron para solucionarlo. ¿Qué responde a eso?

Estamos de acuerdo en que la licitación de 2020 efectivamente tenía debilidades y eliminó las bandas de precios. Pero lo que permitió que los pagos se realizaran fueron las modificaciones contractuales efectuadas en 2022 y 2023.

Por lo tanto, decir que durante su gestión se colaboró o ayudó a solucionar el problema es falso. Durante su administración esto se agravó. Ahí es donde básicamente se genera el hoyo y se concretan los pagos.

—¿Qué viene ahora?

Esto no es solamente comunicacional. Vamos a dedicar mucha energía a esclarecer estos hechos y a perseguir las eventuales responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan.

Ojalá después de eso exista también un momento de catarsis, en el que no solo reconozcamos el problema, sino que además podamos avanzar hacia un proceso de modernización indispensable.

Lo importante es que, conociéndose la verdad y persiguiendo responsabilidades, podamos superar todas estas críticas y comenzar a avanzar hacia una modernización que nos permita entregar un mejor servicio.