La Contraloría fue tajante: María Trinidad Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes reservados. Antes de que el órgano contralor declarara ilegal su actuación, la entonces ministra de Seguridad Pública presentó una extensa defensa en la que expuso por qué, a su juicio, resultaba indispensable intervenir.
Más que un alegato jurídico, su respuesta —a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío— refleja el temor instalado en la cartera respecto del impacto que podía acarrear el traslado de una brigada especializada de la PDI en plena indagatoria de alto interés nacional.
En un oficio reservado dirigido a la entonces contralora Dorothy Pérez, Steinert afirmó que no reaccionar frente al movimiento de funcionarios habría implicado faltar a su deber constitucional. Aseguró que la “omisión consciente” ante un riesgo evidente para los fines del Estado no demuestra imparcialidad, sino que vulnera la probidad administrativa. Añadió que, de haber permanecido inactiva, su conducta habría constituido una falta grave y un daño irreparable para la eficacia del servicio, más aún tratándose de una investigación con cooperación internacional y presencia de crimen organizado transnacional.
Uno de sus fundamentos centrales fue la envergadura del caso conocido como “Clan Chen”. Lo describió como una causa por lavado de activos, estafas complejas del tipo pig butchering y crimen organizado transnacional, con un perjuicio cercano a los 300 millones de dólares. Sostuvo que el traslado de detectives especializados de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá ocurrió cuando faltaba un día para la formalización de 39 imputados y tras más de 70 allanamientos simultáneos en cinco regiones. Según su versión, la superioridad policial ordenó una remoción masiva sin explicación previa.
La exministra calificó el cambio de personal como un riesgo operacional de gran magnitud. Afirmó que los funcionarios removidos concentraban la trazabilidad completa del caso: preservación de evidencia digital, manejo de billeteras de criptomonedas, dispositivos electrónicos, correos, cuentas en exchanges y direcciones en blockchain. A su juicio, fue un “desarraigo administrativo” abrupto de los investigadores clave y, de adoptarse, solo habría podido justificarse por razones de seguridad de primer orden.
Recalcó que su intervención respondía al estándar de diligencia exigible a una autoridad política y que abstenerse habría sido una negligencia incompatible con sus obligaciones. Argumentó que varias de las organizaciones bajo investigación están vinculadas a terrorismo, trata de personas, secuestros, homicidios y lavado de activos, por lo que la supervisión ministerial no podía permanecer ajena a una decisión administrativa que afectaba directamente a los equipos investigadores. “La delincuencia organizada y la mafia no permiten distracciones, y a veces de ello puede depender una vida”, escribió, insistiendo en que la probidad demanda acción informada y no pasividad ante hechos notorios.
Otro pilar de su defensa fue su experiencia como exfiscal regional. Rechazó que ese bagaje supusiera un conflicto de interés y sostuvo que la imparcialidad no equivale a ignorancia: en su criterio, la autoridad con mayor conocimiento es la más idónea para ejercer control. Defendió que una administración moderna requiere autoridades informadas y que aplicar la experiencia acumulada es un deber para resguardar la seguridad del Estado.
Pese a sus argumentos, la Contraloría resolvió que Steinert sobrepasó las facultades que la Ley 21.730 otorga al Ministerio de Seguridad Pública. El organismo determinó que la cartera no puede requerir información relativa a investigaciones penales en curso, aun invocando labores de supervisión administrativa, porque ello invade competencias exclusivas del Ministerio Público. Con esa conclusión, desechó la interpretación de la exministra y estableció que el oficio reservado enviado a la PDI se emitió fuera del marco legal, cerrando una controversia en la que Steinert defendió hasta el final que la inacción podía poner en riesgo una pesquisa de alto impacto contra el crimen organizado, postura que terminó involucrando a la PDI y al propio presidente José Antonio Kast, quien la respaldó públicamente en más de una ocasión.
