El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, formuló duras críticas al Gobierno tras el dictamen de la Contraloría que estableció que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se extralimitó en sus funciones y vulneró el deber de abstención al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.
Leiva, quien fue uno de los parlamentarios que pidió el pronunciamiento del órgano contralor, sostuvo que el dictamen confirma la gravedad de los hechos y cuestionó que el Ejecutivo intentara reducir el episodio a un simple error administrativo. Afirmó que no se puede normalizar una situación de esta naturaleza, en referencia a las declaraciones del vicepresidente y ministro del Interior subrogante, Claudio Alvarado, quien relativizó el episodio como un error y lo planteó como una experiencia para aprendizaje futuro.
Para el diputado socialista, la respuesta de La Moneda elude el fondo del asunto. Señaló que el pronunciamiento de la Contraloría no solo observa la conducta de una ministra de Estado, sino también la validación posterior de esas acciones por parte del propio Presidente de la República. Agregó que el caso trasciende la fiscalización política habitual, pues toca un principio central debatido durante la creación del Ministerio de Seguridad: la estricta separación entre el poder político y la persecución penal. A su juicio, debe existir una barrera clara entre ambas esferas, sin interferencias.
Leiva destacó, además, que no es común que la Contraloría concluya de forma tan categórica que un ministro actuó fuera del marco de sus atribuciones, lo que, a su entender, vuelve especialmente delicada la situación para el Ejecutivo.
En cuanto a los pasos a seguir por la oposición, el parlamentario planteó impulsar una comisión investigadora para revisar las actuaciones del Gobierno en este caso y no descartó la posibilidad de una acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado. No obstante, llamó a la prudencia antes de avanzar en esa vía. Subrayó que una acusación constitucional debe considerarse como última alternativa y que, si bien el informe de la Contraloría ofrece antecedentes a evaluar, también corresponde ponderar su efecto en el clima político y si permite determinar responsabilidades de manera adecuada.
