La ofensiva de la oposición para llevar diversos proyectos del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) mantiene en alerta a La Moneda. El primer revés relevante para el oficialismo se produjo con la Ley de Escuelas Protegidas, tras el requerimiento presentado por diputados del Frente Amplio, el PC, el PS, el PPD y el Partido de la Gente.
En su fallo del 6 de julio, el TC declaró inconstitucionales tres disposiciones centrales del proyecto: la que permitía el ingreso y acción de fuerzas policiales en establecimientos educacionales, la que prohibía atuendos y accesorios vinculados a apología de la violencia, y la que contemplaba la pérdida de la gratuidad para estudiantes con condenas por hechos violentos en recintos o contra integrantes de la comunidad educativa.
De las cuatro normas impugnadas, tres fueron rechazadas por el TC. En esas tres votaciones, la presidenta del organismo, Daniela Marzi Muñoz, dirimió el empate con su voto. Frente al revés, la ministra de Educación, María Paz Arzola, restó dramatismo, destacó que medidas como la revisión de mochilas quedaron validadas y señaló que el Ejecutivo evaluará todas las herramientas disponibles para una pronta promulgación de la ley.
Ante este escenario, el Gobierno prepara una respuesta basada en vetos aditivos o sustitutivos con apego a lo resuelto por el TC. En Palacio también valoran que el resultado haya requerido voto dirimente, lo que, a su juicio, evidencia que no existe una mayoría opositora consolidada al interior del tribunal. Con todo, prevén que la misma estrategia opositora podría replicarse frente a iniciativas como el plan de Reconstrucción Nacional, el registro de vándalos, la reforma a la responsabilidad penal adolescente y los cambios al Sistema de Admisión Escolar, entre otros.
En consecuencia, La Moneda asumirá que el TC será un actor recurrente en la tramitación legislativa, optando por no confrontar públicamente su labor y afinando con mayor rigor técnico los proyectos antes de enviarlos al Congreso. Desde la oposición, el diputado Nelson Venegas (PS) atribuyó esta vía judicial a la falta de apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, mientras que el diputado Luis Pardo (RN) planteó que el Gobierno debe redoblar esfuerzos para no poner en riesgo el avance de su agenda.
El clima de tensión activó además a la derecha, que anunció dos iniciativas para modificar el funcionamiento y la integración del TC. Una, impulsada por el Partido Nacional Libertario, busca eliminar el voto dirimente de la presidencia en caso de empates. La otra, liderada por el senador Rojo Edwards, apunta a cambiar el mecanismo de designación de los ministros del Tribunal. El parlamentario criticó el uso del TC por parte de la izquierda, a la que acusó de convertirlo en una “tercera Cámara”. En la misma línea, la exministra del TC, Marisol Peña, cuestionó que sectores que antes propusieron terminar con la institución hoy recurran a ella por razones políticas.
Actualmente, el TC cuenta con 10 ministros: tres designados por el Presidente de la República, tres por la Corte Suprema y cuatro por el Congreso. El expresidente Gabriel Boric nombró a Daniela Marzi y Nancy Yáñez; el tercer cupo del Ejecutivo lo ocupa Miguel Ángel Fernández, designado durante el gobierno de Sebastián Piñera. En La Moneda ven dos hitos próximos como oportunidades para recomponer vínculos con el organismo: el término del período de Fernández, que abrirá un nuevo nombramiento presidencial, y el fin de la presidencia de Marzi, quien cederá el cargo a María Pía Silva, ministra nombrada por la Corte Suprema y a quien sectores de derecha atribuyen un perfil de mayor independencia.
