La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, decidió contraatacar luego de que la Contraloría General de la República (CGR) determinara que excedió sus atribuciones al pedir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI). Mediante un escrito de 24 páginas, solicitó al organismo liderado por Dorothy Pérez reconsiderar el Dictamen N° D344 y anular la conclusión de que el Oficio Reservado N° 28 “no se ajusta estrictamente a las atribuciones” de la ministra y que, además, vulneró su deber de abstención.
La ofensiva, por ahora en el plano administrativo, reaviva la controversia surgida cuando se supo que Steinert pidió datos sobre el traslado de funcionarios de una brigada especializada de la PDI que trabajaba en una causa de crimen organizado en Iquique, investigación que ella dirigió antes de asumir como ministra. Sobre ese punto, la Contraloría resolvió que el requerimiento sobrepasó sus competencias y cuestionó que interviniera en un asunto en el que, por su rol previo como fiscal regional de Tarapacá, debía inhibirse. Ahora, Steinert busca revertir por completo dicho pronunciamiento.
“El dictamen contiene errores de derecho”
El primer eje del recurso apunta al sustento jurídico del dictamen. La exministra alega que la Contraloría “invade la esfera del mérito” de una decisión administrativa, ámbito del que la ley le impide hacerse cargo. A su juicio, el órgano no detectó una infracción legal específica y solo objetó el detalle de la información solicitada. Sostiene que el dictamen evalúa la conveniencia del requerimiento y no su legalidad.
Uno de los pilares de la reconsideración es que la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, autoriza expresamente a pedir antecedentes incluso si son secretos o reservados, bajo deber de confidencialidad. Señala que el artículo 3 permite requerir información “aun si tienen el carácter de secretos o reservados”. Por ello, afirma que el oficio se tramitó por la vía regular, dirigido al director general de la PDI y con carácter reservado, sin ilegalidad alguna. Alega que la Contraloría omitió aplicar esa norma habilitante y restringió indebidamente las nuevas atribuciones del ministerio.
“Mi experiencia no era un conflicto de interés”
Otro punto central aborda el reproche por el deber de abstención. La Contraloría estimó que, por haber sido fiscal regional de Tarapacá, Steinert debió inhabilitarse. Ella rechaza esa conclusión, indicando que el dictamen no identifica qué interés personal justificaría la abstención y que no obtuvo beneficio personal o patrimonial con la solicitud. Sostiene que su experiencia como fiscal no es un interés particular, sino un elemento de idoneidad, y que lo contrario impediría que exfiscales, jueces o policías asuman cargos en seguridad por su conocimiento del área.
Invoca declaraciones del director de la PDI
Como antecedente nuevo, incorpora la intervención del director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Según expone, el jefe policial confirmó que el retiro de la prefecta general cuestionada fue una decisión propia de la institución y dentro de sus atribuciones. Para la exministra, ello prueba que no intervino en decisiones administrativas de la PDI y que solo buscó conocer las razones de esa medida.
Cita fallos que respaldarían su postura
La presentación agrega sentencias de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Chillán que, según sostiene, avalan que órganos públicos soliciten información reservada cuando actúan dentro de sus competencias y bajo deber de secreto. Afirma además que la propia Contraloría ha defendido ese criterio en otras causas, pidiendo antecedentes sensibles a distintos organismos. Con ello pretende demostrar que el organismo estaría aplicando un estándar distinto al utilizado cuando es la CGR la que requiere información.
Acusa indefensión
Steinert también cuestiona la forma en que se difundió el dictamen. Asegura que la Contraloría lo remitió a los diputados requirentes, al Ministerio Público, a la PDI y al Ministerio de Seguridad Pública, pero no a ella, pese a ser la aludida. Señala que es difícil conciliar esa actuación con su derecho a defensa y pide ser notificada formalmente, así como recibir toda resolución futura.
También cuestiona el origen del caso
Otro aspecto de su escrito alude a la filtración del oficio reservado, cuya divulgación —pese a su carácter reservado— habría dado origen al procedimiento. Sostiene que la Contraloría no explicó cómo accedió al documento ni adoptó medidas para esclarecer la filtración, la que, afirma, fue el punto de partida del pronunciamiento impugnado.
Pide dejar sin efecto el reproche
Finalmente, solicita que la Contraloría deje sin efecto la conclusión central del Dictamen D344 y declare que el Oficio Reservado N° 28 se emitió dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública. De manera subsidiaria, pide precisar que cualquier observación solo afectaría una parte acotada del requerimiento y que el dictamen no configura una declaración de responsabilidad personal en su contra.
