La reapertura de la indagatoria por presunto fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto alteró el curso del proceso. Para su defensa, la resolución del Juzgado de Garantía de Coyhaique no solo desarma la acusación del Ministerio Público, sino que además frena la tramitación del desafuero mientras la etapa investigativa permanezca activa.
Así lo planteó el abogado César Ramos, quien subrayó que tanto la acusación como la petición de desafuero se sostienen en una condición indispensable: que la investigación esté concluida. “Ambas decisiones del Ministerio Público, acusar y solicitar el desafuero, requieren como presupuesto que la investigación esté cerrada”, señaló en radio ADN.
La estrategia de la defensa del senador Calisto
El tribunal ordenó reabrir la causa por 60 días al acoger diligencias propuestas por la defensa de Felipe Klein, otro imputado. En paralelo, se fijó para el 27 de julio una audiencia destinada a resolver si se suman diligencias solicitadas por el equipo de Calisto.
Para Ramos, el efecto jurídico es inequívoco: la Fiscalía debe realizar las diligencias ordenadas y, por lo mismo, la investigación se encuentra abierta. “Si el Ministerio Público está investigando y debe hacerlo con objetividad, no puede sostenerse que exista una acusación ni una solicitud de desafuero vigentes”, afirmó. En ese contexto, indicó que corresponde ahora una definición de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que tenía programada para este viernes la vista del desafuero. “Esperamos una resolución que, a raíz de la reapertura, deje sin efecto esa audiencia”, agregó.
Defensa niega maniobras dilatorias
La reapertura también marca el curso de la estrategia de la defensa. Según Ramos, el propósito es que la Fiscalía incorpore diligencias para contrastar los antecedentes que dieron pie a la acusación, en especial las declaraciones de los excolaboradores de Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf.
El abogado sostuvo que esos testimonios fueron obtenidos por la Fiscalía pocos días antes del cierre de la investigación, lo que, a su juicio, impidió pedir diligencias complementarias. “El plazo de investigación regía hasta el 9 de julio. La Fiscalía obtuvo el 23 de junio las declaraciones de Cárcamo y Graf y cerró la investigación sin entregárnoslas”, explicó.
Afirmó que esos dichos contenían nuevas imputaciones que la defensa solo conoció cuando la causa ya estaba cerrada, por lo que rechazó que las solicitudes actuales busquen dilatar el proceso. “Lo que esta defensa procura es que también se investiguen los antecedentes que permiten refutar esas declaraciones”, indicó. Ramos, además, cuestionó el momento en que los excolaboradores cambiaron su versión tras años de indagatorias y atribuyó la reapertura a una decisión “intempestiva y apresurada” del Ministerio Público.
El caso apunta a un presunto fraude al fisco mediante asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no se habrían realizado cuando Calisto era diputado. Antes de la reapertura, el Ministerio Público había presentado acusación, pidió 12 años de presidio y solicitó nuevamente el desafuero para avanzar a juicio oral. Con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, ese escenario queda, por ahora, en pausa.
