La Moneda observa con atención la estrategia de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) contra distintos proyectos del Ejecutivo. La izquierda ya utilizó este camino con la Ley de Escuelas Protegidas y consiguió que se declararan inconstitucionales tres de los cuatro artículos impugnados.
Aunque el gobierno valora que en ese fallo no hubo unanimidad y que se produjo un empate entre los ministros del TC, el anuncio de un nuevo requerimiento contra el proyecto de Reconstrucción Nacional encendió las alertas. La inquietud radica en que, tal como ocurrió con Escuelas Protegidas, donde se anuló el artículo que quitaba la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia, ese criterio se use como base para tumbar aspectos de otras iniciativas clave.
Entre ellas, preocupa el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que contempla impedir el acceso a la gratuidad a quienes figuren en el listado, una disposición que podría caerse bajo el mismo principio. Del mismo modo, el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) —al rebajar la prioridad a jóvenes sancionados o expulsados por desmanes al postular a otro establecimiento— podría correr una suerte similar.
El biministro Claudio Alvarado restó dramatismo al panorama. En una entrevista radial, subrayó que el TC resuelve caso a caso y expresó que no le gustaría pensar que sus decisiones se inclinan por preferencias políticas, porque ello desvirtuaría su función y erosionaría el prestigio de la institución. Respecto de futuros requerimientos, señaló que muchos temas son debatibles y que lo fundamental es que, al presentarse los argumentos, exista la objetividad necesaria para resolver.
En paralelo, el oficialismo anunció iniciativas para reformar la institucionalidad del TC. Una apunta a modificar el mecanismo de designación de sus integrantes y otra propone que la presidencia del Tribunal no tenga voto dirimente en caso de empates.
Desde la oposición libertaria, el diputado Pier Karlezi calificó como esperable el comportamiento del TC y acusó que se ha convertido en un “brazo armado” de un sector político, afirmando que los fallos dirimentes favorecen sistemáticamente a la misma posición.
Desde la izquierda, en tanto, defendieron su postura, atribuyendo sus acciones a la falta de diálogo y de voluntad de acuerdos por parte del gobierno. El diputado Carlos Bianchi sostuvo que lo relevante es que el TC cumpla su rol institucional y que los cruces políticos no conducen a nada.
