El Gobierno de José Antonio Kast ha tenido sus principales focos de tensión en materia de Derechos Humanos en dos frentes: la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la definición sobre indultos presidenciales, ambas promesas de campaña.
Durante la campaña, Kast sostuvo que el INDH no cumplía su rol y que debía cerrarse. También planteó que promovería indultos presidenciales como parte de su agenda. No obstante, desde La Moneda hoy moderan ese discurso: reconocen que el indulto es una atribución presidencial, pero remarcan que se ejercerá solo cuando se considere pertinente.
En relación con el INDH, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una reforma al organismo. La principal novedad es la preparación de un anteproyecto de ley, confirmada oficialmente, aunque sin plazos establecidos. El anuncio no ha concitado apoyos transversales y ha generado recelos por su aparente distancia con lo prometido en campaña. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón recordó que su partido ya presentó propuestas para reformar el INDH y subrayó que esa labor debe ser objetiva, sin sesgos y con altos estándares de transparencia, instando al Gobierno a considerar dichas iniciativas.
Desde la vereda opuesta, la senadora PPD e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Loreto Carvajal, advirtió que no corresponde cerrar el organismo. Afirmó que una modernización responsable es distinta a impulsar cambios que, por la vía indirecta, terminen debilitándolo, e instó a que las mejoras sustantivas se discutan con apoyo del Ejecutivo en la comisión respectiva.
En paralelo, los indultos presidenciales siguen como un compromiso en suspenso. La diputada comunista Lorena Pizarro acusó presiones desde la derecha y sostuvo que el Gobierno no ha cumplido varias promesas, entre ellas la definición sobre indultos en casos de violaciones a los derechos humanos vinculadas tanto a la dictadura como a la revuelta.
Al interior del oficialismo, algunas interpretaciones sobre la ausencia de anuncios sostienen que la estrategia busca evitar choques con la oposición en medio del debate por la megareforma. En ese marco, se impondría una línea de máxima cautela, considerando la alta sensibilidad del tema en ese sector político.
