La Comisión Europea impuso este lunes a AliExpress una multa de 550 millones de euros por no frenar de manera efectiva la venta de productos ilegales, incluidos artículos falsificados y mercancías que no cumplen normas de seguridad.
Según el Ejecutivo comunitario, la plataforma carece de personal suficiente para vigilar y retirar estos contenidos y habría sobrevalorado la capacidad de sus sistemas automatizados para detectar y eliminar anuncios irregulares. Además, Bruselas señala que, aun cuando se identificaban productos ilegales —como juguetes o cosméticos inseguros— estos continuaban visibles durante semanas.
La Comisión reprocha a AliExpress no evaluar de forma adecuada los riesgos de sus algoritmos, que siguen recomendando artículos prohibidos antes de que sean retirados. También critica la aplicación deficiente de su régimen de sanciones internas, permitiendo que vendedores penalizados continúen operando. A ello se suma que los controles para identificar los bienes ofertados pueden eludirse con facilidad, ya que los comercios pueden falsear la categoría de sus productos para aprovechar reglas más laxas. El sistema de autorización de marcas, obligatorio en la plataforma, también se considera ineficaz porque los falsificadores lo sortean sin dificultad.
Bruselas advierte que la presencia de falsificaciones en AliExpress supone un riesgo importante, no solo para los consumidores, sino también para empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir contra artículos que evitan esos costos. La vicepresidenta responsable de la agenda digital, Henna Virkkunen, subrayó que la proliferación de ropa falsificada y productos inseguros no es un peaje inevitable del comercio en línea, sino un incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA).
AliExpress tiene plazo hasta el 20 de octubre para presentar a la Comisión un plan de corrección con medidas concretas. Después, Bruselas dispondrá de un mes para evaluarlo y fijar un calendario “razonable” de implementación.
Esta es la sanción más alta impuesta hasta ahora por incumplimientos de la DSA. Anteriormente, la Comisión multó a Temu con 200 millones de euros por no prevenir la venta de productos ilegales y a X con 120 millones por falta de transparencia.
