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Gran Concepción
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Después de meses de esfuerzo familiar, campañas solidarias y una extensa batalla judicial, Ercilia Sanhueza, profesora jubilada de la Región del Biobío, logró que la Corte Suprema ordenara al sistema público de salud financiar el medicamento que necesita para tratar un cáncer de mama metastásico HER2 positivo.
Ercilia visitó Nuestra Casa acompañada por su hija, Aliosha Sáez, y por el abogado Francisco Vera, quienes relataron el camino recorrido desde que el sistema público informó que ya no contaba con nuevas alternativas terapéuticas y que debía continuar únicamente con cuidados paliativos.
El fallo obliga al Estado a suministrar trastuzumab deruxtecán, un medicamento cuyo valor supera los $7 millones por ciclo y que debe administrarse cada 21 días. Hasta ahora, la familia había costeado el tratamiento mediante los ahorros de Ercilia, el apoyo de cercanos y la campaña “Ercilia quiere vivir”.
Ercilia fue diagnosticada a fines de 2023 con cáncer de mama HER2 positivo en etapa cuatro y con metástasis. Tras no responder favorablemente a las primeras líneas de tratamiento disponibles en el sistema público, su familia comenzó a buscar otras opciones.
Fue así como conocieron el trastuzumab deruxtecán, una terapia que, según explicaron durante la entrevista, ha permitido mantener controlada la enfermedad y mejorar considerablemente su calidad de vida.
“Me habían dado solamente un año de vida y eso fue el año pasado. Y sigo”, expresó Ercilia, quien recibe el medicamento desde octubre y asegura haber experimentado una diferencia importante en su estado general.
La profesora jubilada contó que destinó todos sus ahorros al tratamiento. Sin embargo, el costo de cada ciclo volvió imposible mantenerlo únicamente con recursos familiares.
Frente a la falta de recursos, sus hijos impulsaron la campaña “Ercilia quiere vivir”, que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.
Personas de distintos lugares aportaron dinero, difundieron su historia y enviaron mensajes de apoyo. Esa ayuda permitió continuar temporalmente con el tratamiento, pero la familia entendió que no era posible depender permanentemente de colectas para garantizar el acceso al medicamento.
“¿Por qué la vida depende del dinero?”, cuestionó Ercilia, quien espera que su caso ayude a visibilizar la realidad de otras mujeres que requieren tratamientos oncológicos de alto costo.
El abogado Francisco Vera explicó que uno de los antecedentes centrales fue un pronunciamiento formal del Comité Oncológico del Hospital Regional de Concepción.
En ese documento se reconocía que el medicamento que Ercilia ya recibía de manera particular estaba generando resultados positivos, pero que el hospital no disponía de recursos para suministrarlo.
A partir de esa negativa comenzó a correr el plazo para interponer un recurso de protección. Vera recalcó que, en este tipo de acciones, resulta fundamental identificar el acto u omisión que se considera arbitrario o ilegal y presentar el recurso dentro del plazo correspondiente.
La acción judicial se dirigió contra el Hospital Regional de Concepción, el Servicio de Salud Concepción, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, buscando asegurar no solo la prescripción del medicamento, sino también los recursos necesarios para adquirirlo.
El recurso no prosperó inicialmente ante la Corte de Apelaciones de Concepción, por lo que la defensa decidió apelar.
Finalmente, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió la acción y ordenó al Estado financiar tanto la compra como la administración del medicamento, priorizando la protección de la vida y la salud de la paciente. El fallo es definitivo y obliga a coordinar a los organismos involucrados para concretar el tratamiento.
Vera explicó que la discusión judicial no estuvo exenta de dificultades. Los organismos recurridos argumentaron que el medicamento no contaba con cobertura dentro de los mecanismos vigentes y cuestionaron los antecedentes sobre su efectividad.
Sin embargo, en el caso de Ercilia existía evidencia concreta de que el tratamiento estaba funcionando, pues ella ya lo había iniciado con recursos particulares y presentaba una mejor calidad de vida.
Aunque la resolución puede convertirse en un antecedente relevante, el abogado aclaró que sus efectos se limitan a las partes involucradas en este juicio.
Esto significa que otras personas que enfrenten una situación similar deberán presentar sus propios antecedentes y recurrir individualmente a la justicia. No existe una orden general que obligue al Estado a financiar automáticamente el mismo medicamento para todas las pacientes.
Además, cada caso dependerá de factores médicos, administrativos y jurídicos propios, como la indicación del equipo tratante, la respuesta al tratamiento y la existencia de una negativa formal por parte del sistema de salud.
Ercilia valoró el fallo como una alegría familiar, pero también como una oportunidad para abrir camino a otras mujeres con cáncer de mama metastásico.
“La salud no debería depender del dinero de la familia, de la enferma o del entorno. Debería ser un derecho para todas”, sostuvo.
Finalmente, llamó a quienes atraviesan situaciones similares a buscar información, solicitar asesoría y no abandonar sus tratamientos ni las acciones necesarias para defender su derecho a la vida.
“Sigan luchando. La vida es bella, a pesar de todo”, concluyó.