Esta semana, el fujimorismo regresa al poder en Perú. En ese marco, evocamos un hito clave en la relación con Chile: la inesperada llegada de Alberto Fujimori a Santiago desde Japón en 2005, cinco años después de su renuncia a la presidencia.
BioBioChile entrevistó al exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien encabezó la estrategia legal del Estado peruano que terminó con la extradición del padre de Keiko Fujimori desde territorio chileno.
-¿Cómo arribó Alberto Fujimori a Chile y por qué cree que lo hizo?
Fueron varios factores. Primero, Fujimori contó con fuerte respaldo de un sector de la derecha japonesa, que lo veía como símbolo del inmigrante exitoso que llegó a la presidencia y valoraba su estilo autoritario y militar. A ello se sumó la gratitud del Estado japonés por la operación de 1996 contra el MRTA en la embajada de Japón en Lima.
¿Y por qué Chile? Porque comparte frontera con Perú. La apuesta de Fujimori, al parecer, era que, si la justicia chilena rechazaba una extradición o deportación, podría cruzar a Tacna y ser recibido por sus seguidores que lo acompañarían hasta Lima.
Otra motivación fue la jurisprudencia: la Corte Suprema de Chile había negado la extradición de los publicistas Eduardo Calmell del Solar y Daniel Borobio, parte de la red mediática ligada a Fujimori. Además, pesaba el antecedente de Walter Rauff, criminal nazi protegido en Chile, cuya extradición fue rechazada por la Corte Suprema pese a las solicitudes de Alemania Occidental.
-¿El viaje a Chile también respondió a la presión que ejercía Perú sobre Japón, incluida la evaluación de una demanda ante La Haya?
Exactamente. Faltó antes una estrategia robusta: contratar un estudio especializado en litigios internacionales y avanzar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Japón por incumplir la Convención contra la Tortura y el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), que ya tenía peso jurídico. La embajada de Japón en Lima recibía reportes de nuestras acciones. Con Fujimori en Chile, Tokio respiró aliviado.
-¿Fujimori tuvo vínculos reales con el poder político japonés?
Sí, con gobiernos de derecha. De hecho, ya fallecido Fujimori, un primer ministro japonés que viajó a Lima acudió a rendirle homenaje en el cementerio, gesto que las víctimas consideraron una afrenta y que el gobierno de Dina Boluarte permitió, pese a los cuestionamientos éticos y casos de derechos humanos que la rodean. En Chile, incluso postuló al Senado japonés. Japón no actuó como un mero espectador: fue activo en su protección. Cada vez que Perú insistía en la extradición, respondían con requerimientos innecesarios y exigían traducciones al japonés. Con nuestra llegada, cambiamos el enfoque.
-¿Cómo reaccionaron las autoridades chilenas tras su arribo y antes de la extradición? ¿Hubo cooperación?
A diferencia de lo ocurrido en Japón, apenas pisó Chile fue detenido por la policía a las pocas horas. El canciller chileno avisó de su entrada a Palacio. Según Maldonado, el presidente Ricardo Lagos, en un contexto de temas marítimos pendientes con Perú, intentó usar el caso como ficha de negociación, a diferencia de su canciller, cuya conducta fue correcta.
Cuando el embajador peruano confirmó la presencia de Fujimori, pidió instrucciones y, ante el silencio inicial de Lima, solicitó a su par chileno expulsarlo por la frontera para entregarlo a Perú. El canciller lo vio viable, pero Lagos lo descartó. La intención, sostiene Maldonado, era canjear la situación de Fujimori por ventajas en asuntos limítrofes.
El canciller, contrariado, pidió activar el tratado de extradición. Perú, que ya tenía una estrategia avanzada en Japón, la adaptó de inmediato al marco chileno. Así se consiguió la detención preliminar en cuestión de horas. El viraje en La Moneda, dice Maldonado, llegó tras la declaración pública de Michelle Bachelet esa misma noche, calificando de inaceptable la presencia de Fujimori en Chile y criticando con dureza a su propio gobierno.
-Desde la prensa se dijo que Lagos se negó a expulsarlo por respeto al Estado de derecho. ¿Fue solo un argumento oficial?
Para Maldonado, fue una explicación conveniente: en las primeras horas había margen de decisión política. No se usó y, a su juicio, la motivación real fue la negociación. “La historia juzgará a Lagos”, afirma, y atribuye a Bachelet el cambio de rumbo.
-Una vez detenido, debían sustentar la extradición. ¿Cómo fue luego la relación con las autoridades chilenas?
El proceso quedó en manos de la Corte Suprema de Chile. No siempre Perú quedó conforme, como cuando el primer juez instructor rechazó de plano todas las solicitudes y la fiscal Mónica Maldonado apeló. Pero, con los plazos y formalidades, todo avanzó conforme al tratado y a los 12 cuadernos de extradición presentados a tiempo.
-Durante el proceso le dieron libertad provisional a Fujimori. ¿Eso complicó la estrategia?
No. Al día siguiente de la detención, Maldonado viajó a Chile y contrató al abogado Alfredo Etcheberry, quien lideró la defensa técnica del pedido peruano. Aunque en Lima hubo alarma, Etcheberry explicó que la libertad provisional era compatible con el procedimiento garantista chileno y no afectaba el fondo de la extradición.
-¿Cuál era la situación legal de Fujimori antes de entrar a Chile como turista?
Era un prófugo con alerta roja de Interpol. La captura dependía de compromisos estatales: Japón no aceptaba plenamente las disposiciones de Interpol. En Chile, su ingreso se atribuye a la negligencia de un funcionario policial, corregida luego por sus superiores, y no a una maniobra coordinada del gobierno o de Lagos.
-En Perú no había consenso sobre la viabilidad de la extradición. ¿La crítica era política?
Sí. Figuras como Javier Valle Riestra, reputado tratadista y exministro de Fujimori, cuestionaban el proceso. Persistía un aura de intangibilidad en torno al fujimorismo y la idea de que las responsabilidades recaían en Montesinos. Frente a ello, la Procuraduría impulsó la tesis de la autoría mediata, trabajada por la abogada Janet Briones, incluida en los 12 cuadernos. La solidez probatoria, esa teoría, y el trabajo de Etcheberry hicieron inviable derrotar la extradición. Alan García intentó frenarla políticamente —según Maldonado, con acuerdos con Keiko Fujimori—, lo que motivó su renuncia, pero no lo logró.
-Con la llegada de Alan García al poder, ¿recibió presiones?
Sí, de manera indirecta. La nueva ministra de Justicia, María Zavala, mantuvo distancia y se designó a un operador político hostil. El primer vicepresidente, Luis Giampietri, habría ordenado investigarlo mediante inteligencia naval. Aun así, Maldonado sostiene que nunca fue amenazado por el fujimorismo, porque no tenía deudas ni vínculos con ese sector.
-¿Cómo recibió la decisión final de la Corte Suprema que aprobó la extradición?
Con satisfacción. Fueron años de estigmatización y críticas, incluso de antecesores, que acusaban imprudencia. El fallo reivindicó el trabajo.
-¿Cómo evalúa, en general, a la justicia chilena durante la extradición?
Históricamente, la Corte Suprema chilena era conservadora, como muestran los casos Rauff o los rechazos previos a Perú. En el expediente Fujimori, pese a un mal primer fallo del juez Orlando Álvarez, la Segunda Sala Penal hizo un trabajo correcto y, para muchos inesperado, al declarar procedente la extradición.
-Este 2026, dos décadas después, la heredera de Alberto Fujimori asume el poder. ¿Cómo explicarlo a una audiencia extranjera?
No hay una respuesta simple. La sociedad peruana es compleja, fragmentada y polarizada; carece de un consenso nacional como el que se observa en Chile o Colombia. El historiador Frederick Pike lo sintetizó: en el Perú, a menudo se difuminan las fronteras entre virtud y pecado, héroe y tirano. Hoy, los valores están erosionados, lo que ayuda a entender un Congreso como el actual y un gobierno que reivindica la figura de un dictador.
