El gobierno de José Antonio Kast sufrió un traspié en el Senado tras posponerse la votación de la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a haber superado previamente la Cámara de Diputados. El ministro Claudio Alvarado explicó que “están los votos pero no están acá”, aludiendo a inasistencias que impedirían alcanzar el quórum. Más allá de ese obstáculo, emergió una discusión de fondo sobre el manejo de recursos municipales y la deuda previsional que afecta a miles de funcionarios.
El senador UDI Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, quedó en el centro de la controversia. Su apoyo, potencialmente clave, depende de que el Ejecutivo reoriente su postura respecto de las compensaciones a los municipios.
La deuda previsional de los municipios
—Senador, ¿su voto nunca estuvo disponible o estaba sujeto a condiciones para aprobar el proyecto en el Senado?
Hay que poner las cosas en contexto. No es un voto más o un voto menos. Esta iniciativa es impulsada por la oposición, que redactó una indicación sobre compensaciones municipales que finalmente el propio Senado rechazó. El gobierno asumió que, por ser propuesta de la izquierda, sería respaldada. Ante eso, planteé revisar el tema, porque muchos municipios presentan desórdenes en la administración de fondos públicos que hoy tensionan sus finanzas. Hay más de 512 mil millones de pesos impagos en cotizaciones de trabajadores, sobre todo en educación y salud. Como presidente de la Comisión de Educación, he recibido alcaldes que quieren traspasar la educación al SLEP por déficits heredados. Esa cifra incide directamente en las pensiones futuras, por lo que el Estado debe hacerse cargo.
—¿Cuál fue su propuesta específica?
Se cambió la ley para que el Ministerio pudiera cubrir cotizaciones y luego descontarlas vía Fondo Común Municipal, pero no se está aplicando. Propuse usar la compensación a municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores para inyectar recursos destinados a saldar la deuda previsional acumulada con sus trabajadores, en especial docentes y asistentes. El impacto de esa mora en las futuras pensiones es enorme. Llamé a Hacienda a adoptar medidas concretas para pagarla y, en paralelo, corregir la desprolijidad en la administración municipal. Aún recuerdo un alcalde de San Bernardo que firmó un convenio por 12.000 millones con trabajadores de la Corporación de Educación, restándole importancia porque “después lo va a pagar el SLEP”. Esa lógica ha causado un daño profundo.
—Usted habla de 500 mil millones de deuda previsional. ¿Alcanza la plata de este proyecto?
No, pero se puede diseñar un plan de pago. No se resolverá en uno o dos años, pero sí trazar una ruta de solución.
—Se puede mirar desde otra óptica: ¿hay una gestión responsable de los recursos municipales? En el gobierno anterior, el 50% del aumento de la dotación pública fue en municipios. ¿Qué garantiza un gasto sin exceso ni sobredotación?
Los datos evidencian sobredotación en varias áreas. En educación lo veo a diario: hay asistentes que perciben entre 6 y 7 millones mensuales, algo fuera de escala. Hacienda debe poner límites. Aunque los municipios son autónomos, los fondos provienen del Estado y deben existir controles claros. La Contraloría hace un trabajo relevante, pero insuficiente. Mientras las unidades de control mantienen dotaciones similares a las de hace una década, la planta total se duplicó y los recursos administrados se triplicaron. Además, muchas municipalidades no completan sus plantas y recurren a contratos a contrata para pagar más a ciertos perfiles.
Las condiciones para el voto
—Cuando se retome la votación, ¿su voto estará disponible? ¿Ve disposición en Hacienda para recoger sus inquietudes?
Eso es lo esperable. Señalé públicamente que, con la indicación tal como estaba, no podía aprobarla.
—¿Qué espera?
Que Hacienda se comprometa a que en la discusión presupuestaria del próximo año se fije una metodología para pagar las deudas previsionales municipales, con descuento vía Fondo Común Municipal. Hay varias alternativas para destrabar la indicación.
—En lo político, ¿hay espacio de acuerdo gobierno-oposición o las visiones son tan distantes que todo se define por márgenes estrechos?
He visto una actitud más bien obstruccionista desde la oposición, evidente en la tramitación de este proyecto: voluntad de rechazar en bloque y presentación de indicaciones inadmisibles. Incluso senadores con trayectoria apoyaron esas mociones sabiendo su improcedencia. Al final, toda la oposición siguió la línea de tensionar al máximo, desde el Partido Comunista hasta el socialismo democrático y el Frente Amplio. Ojalá prime la prudencia para volver a los consensos.
—¿No le inquieta que un proyecto tan relevante se apruebe por márgenes tan estrechos? Hay voces de izquierda que advierten que, si cambian las mayorías, derogarán la ley.
Más allá del articulado, importan las señales. El gobierno trazó una hoja de ruta enfocada en la urgencia económica: empleo, inversión, crecimiento. Todas las señales apuntan a ese objetivo. Una vez despejado el trámite, esperamos una reactivación y que la ciudadanía reconozca que el gobierno cumplió y mejoró sus condiciones, incluyendo más oportunidades laborales.
Crisis de liderazgos y el futuro político
—Usted fue diputado. ¿Desapareció el centro? Por ejemplo, los DC en la Cámara votaron muchas veces con la oposición.
Llama la atención la configuración de la DC actual. En el Senado, la DC está muy alineada y comparte comité con el Frente Amplio y el PC. En la Cámara, en cambio, se observa una DC más dialogante; varias disposiciones del proyecto contaron con su respaldo. Entonces, tienen un problema interno. Y, en general, hay déficit de liderazgos en todo el espectro. Hemos insistido en que el presidente Kast asuma el liderazgo del bloque oficialista; es lo natural. En el Socialismo Democrático y la izquierda, esos liderazgos no se ven con claridad: hay muchos “toquis” y, cuando sobran, nadie conduce.
