El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se incorporó a la investigación por presunto fraude al Fisco que alcanza a actuales y exfuncionarios de la Municipalidad de Hualqui, en la región del Bío Bío.
La participación del CDE, que dejó a la municipalidad sin calidad de querellante en el expediente, se confirmó durante la audiencia en la que se fijaron medidas cautelares para los imputados.
El organismo presentó una querella por los mismos ilícitos ya formalizados por el Ministerio Público hace dos semanas, en un caso que apunta a la actual administradora municipal y a dos exdirectivos de la entidad.
Según detalló el abogado municipal, Marcelo Villena, al asumir la representación del municipio como víctima, el Consejo de Defensa del Estado desplazó a la corporación edilicia de la causa, conforme a su ley orgánica. En adelante, será el CDE quien intervenga en defensa de los intereses municipales ante la Fiscalía.
La indagatoria se centra en un pago de 1 millón 500 mil pesos que la Municipalidad de Hualqui habría efectuado mediante una factura ideológicamente falsa por la supuesta compra de 200 colaciones. De acuerdo con la Fiscalía, dichos recursos se utilizaron para financiar el cumpleaños del alcalde Ricardo Fuentes.
En la audiencia, el Juzgado de Garantía de Chiguayante impuso a los formalizados arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma semanal en Carabineros.
El defensor de la administradora municipal, Felipe Martínez, valoró que el tribunal rechazara la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y optara por medidas menos gravosas. Añadió que solicitarán múltiples diligencias para acreditar la real participación atribuida a su representada, insistiendo en que, aun si se configurara un fraude al Fisco, ella no habría intervenido en los hechos.
Fueron imputados por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de documento mercantil la administradora municipal Yilda Fernández y los exdirectivos Macarena Varas y Edgardo Jara. En paralelo, la empresaria Mirta Martínez enfrenta cargos por falsificación y obtención fraudulenta de fondos estatales, al ser quien habría emitido la factura cuestionada.
