Nuevos antecedentes surgieron en la causa que involucra al exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, quien este martes será formalizado por un presunto delito de connotación sexual. La Fiscalía solicitó y obtuvo la ampliación de su detención mientras se desarrollan peritajes considerados determinantes para la imputación.
El caso se hizo público el fin de semana, después de que Carabineros detuviera al entonces titular regional de Salud tras un procedimiento realizado en su vivienda en Punta Arenas.
Más tarde, el Ministerio de Salud informó que Barrientos dejó el cargo, decisión que se concretó tras la solicitud de renuncia efectuada por el Gobierno.
La denuncia: contratación de escort y eventual suministro de fármacos
En la audiencia, el Ministerio Público explicó que la indagatoria comenzó tras la contratación de un servicio de acompañamiento. La presunta víctima —cuya identidad se mantiene en reserva por orden judicial— relató que los hechos habrían ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en el domicilio de Barrientos.
De acuerdo con su versión, el exseremi le habría entregado comprimidos de clonazepam junto a otra sustancia aún no identificada, generándole somnolencia que, según la denuncia, habría sido utilizada para consumar la agresión sexual que hoy se investiga.
El altercado que derivó en la detención
Tras recuperar la conciencia, se habría producido un enfrentamiento entre ambas partes. El incidente incluyó agresiones mutuas y daños dentro de la vivienda, lo que motivó la intervención de Carabineros y la detención en flagrancia del entonces seremi.
Uno de los focos de la investigación son los análisis toxicológicos y bioquímicos requeridos por la Fiscalía para determinar si hubo administración de medicamentos u otras sustancias. Debido a estas diligencias pendientes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas accedió a ampliar la detención por tres días previos a la formalización.
La versión de la defensa
La defensa de Barrientos descartó la existencia de un delito. Su abogado, Juan Carlos Rebolledo, afirmó que el encuentro fue consensuado y que el conflicto se originó por un desacuerdo económico. Además, señaló que su representado niega haber proporcionado fármacos o alcohol, y que no le consta que la denunciante hubiese consumido algún medicamento durante el encuentro.
En paralelo al avance de la causa penal, el Ministerio de Salud confirmó la salida de Barrientos del cargo. La defensa cuestionó la forma en que se concretó esta desvinculación, sosteniendo que no hubo una solicitud formal de renuncia mientras el exseremi se encontraba detenido y que, en ese periodo, solo contó con el apoyo de su familia y abogados.
La investigación entra ahora en la fase de formalización, mientras el Ministerio Público busca definir la dinámica de los hechos y eventuales responsabilidades penales del exseremi.
