Un abogado ingresó, entre el sábado y el lunes, más de 38.000 escritos a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, lo que saturó la plataforma y afectó miles de causas en todo el país.
Entre los perjudicados estuvo un periodista especializado en materia judicial, quien vio reactivarse un cobro que había quedado cerrado hace cuatro años.
Con 28 años cubriendo tribunales, Mario Antonio Guzmán contó cómo descubrió que figuraba entre los afectados por lo que magistrados civiles describen como un “abuso procesal” sin precedentes.
Un colapso con nombre y apellido
La mañana del lunes recibió una notificación inesperada: una resolución que ordenaba desarchivar un expediente por una deuda pagada en 2021 y archivada en 2022.
Lo que parecía un problema individual pronto tomó otra escala cuando fuentes judiciales le confirmaron que un abogado había presentado decenas de miles de escritos mediante lo que se presume fue un sistema automatizado o el uso de inteligencia artificial.
Según Guzmán, el profesional —relacionado con oficinas de cobranza del retail— habría intentado retirarse de manera masiva de causas antiguas.
“Yo creo que alguien le vendió una supuesta solución mágica que no existe”, señaló. Los tribunales civiles, que un lunes típico procesan cerca de 2.000 solicitudes, se vieron enfrentados a 5.000 o más documentos por resolver.
El sistema quedó al borde del colapso total. “En la OJV me comentaban que si el tipo hubiera ingresado un par de miles más, la plataforma podía caerse por días”, advirtió.
La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas por los jueces civiles, quienes además remitieron una carta a la presidenta de la Corte Suprema pidiendo medidas contra el abogado, incluida una posible denuncia penal por uso indebido de sistemas informáticos.
El profesional podría enfrentar suspensión administrativa en el ejercicio de la abogacía y eventuales cargos penales.
Para el periodista afectado, el episodio es una señal de alerta. “Pueden haber muchas buenas intenciones con la inteligencia artificial, pero también el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”, reflexionó.
El mensaje final es claro: la incorporación de tecnología exige regulación y prudencia, especialmente cuando la capacidad operativa del Estado no está alineada con lo que prometen las soluciones automatizadas.
