Un abogado ingresó más de 38.000 escritos judiciales entre el sábado y el lunes mediante la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, provocando la saturación del sistema y afectando miles de causas a nivel nacional.
Entre los perjudicados estuvo un periodista especializado en tribunales, quien vio reactivarse un juicio de cobro que había quedado cerrado hace cuatro años.
Con 28 años cubriendo el ámbito judicial, Mario Antonio Guzmán contó cómo detectó que figuraba entre las personas impactadas por lo que magistrados civiles describen como un “abuso procesal” inédito.
Un colapso con responsable identificado
La mañana del lunes recibió una notificación inesperada: una resolución que ordenaba desarchivar una causa por una deuda saldada en 2021 y archivada en 2022.
Lo que parecía un inconveniente aislado tomó otra dimensión cuando fuentes del Poder Judicial le confirmaron que un abogado había presentado decenas de miles de escritos utilizando, presuntamente, un sistema automatizado o herramientas de inteligencia artificial.
Guzmán indicó que el profesional, ligado a estudios que gestionan cobranzas del retail, habría intentado retirarse de manera masiva de causas antiguas.
“Creo que alguien le ofreció una solución mágica que no existe”, señaló. Los tribunales civiles, que un lunes típico procesan cerca de 2.000 solicitudes, recibieron 5.000 o más documentos por resolver.
El servicio rozó el colapso total. “En la OJV me comentaron que si el tipo hubiese ingresado unos dos mil escritos más, la plataforma podría haberse caído por días”, advirtió.
La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas por los jueces civiles, quienes además enviaron una carta a la presidenta de la Corte Suprema pidiendo medidas contra el abogado, entre ellas una eventual denuncia penal por uso indebido de sistemas informáticos.
El profesional arriesga una suspensión administrativa en el ejercicio y posibles consecuencias penales.
Para el periodista afectado, el episodio es una señal de alerta. “La inteligencia artificial puede nacer de buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, afirmó.
El mensaje es nítido: la tecnología exige regulaciones y prudencia, especialmente cuando la capacidad de respuesta del Estado no acompaña lo que prometen las soluciones automatizadas.
