El canciller Francisco Pérez Mackenna cuestionó la intervención de organizaciones chilenas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), instancia que culminó con la imposición de un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones del país.
Al mismo tiempo, se reactivó la discusión sobre el financiamiento de dichas organizaciones.
Un error que está perjudicando a Chile
El ministro señaló específicamente a Fundación Libera y Ecoceanos, que entregaron antecedentes a la autoridad estadounidense sobre presuntos casos de trabajo forzoso en Chile, con énfasis en la salmonicultura y la agricultura.
Tras reunirse con gremios empresariales y junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, Pérez Mackenna calificó la actuación de estas organizaciones como “un error”, argumentando que las denuncias no se condicen con la realidad.
El encuentro buscó coordinar la respuesta del país ante la decisión de Washington, en un contexto de inquietud del sector exportador por el impacto del nuevo gravamen en envíos chilenos.
En esa línea, el ministro pidió cohesión interna frente al escenario comercial. Recalcó que la prioridad debe ser abrir mercados y proteger la capacidad exportadora, por su efecto directo en el empleo.
La polémica surgió luego de que representantes de las industrias agrícola y salmonera criticaran la participación de ambas ONG en las audiencias en Estados Unidos, asegurando que sus planteamientos habrían debilitado la posición chilena ante la USTR.
Desde Fundación Libera, su presidenta, Carolina Rudnick, negó que la entidad buscara perjudicar al país o impulsar la aplicación de aranceles.
La organización precisó en una carta a El Mercurio que su planteamiento proponía sustituir medidas arancelarias por un programa de acciones estructurales para abordar denuncias de trabajo forzoso.
El episodio ocurre mientras Cancillería y el sector exportador buscan mitigar los efectos de la resolución estadounidense y evitar nuevas barreras a los productos chilenos.
En paralelo, en el Congreso volvió a instalarse la discusión sobre la necesidad de transparentar quién financia a estas entidades.
En Chile, la Ley 20.500 define mecanismos para la conformación de asociaciones de interés público y sus formas de participación en la gestión pública.
El marco legal consagra el derecho de las personas a asociarse para fines lícitos y el deber del Estado de respaldar estas iniciativas.
A partir de ello, un grupo de parlamentarios impulsó un proyecto —que llegó a segundo trámite en 2023— para obligar a las ONG a transparentar el origen de sus fondos y registrar sus reuniones y encuentros.
Con ese antecedente, legisladores oficialistas ya manifestaron su intención de retomar la tramitación.
