El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este miércoles que no se dejará intimidar por la nueva orden de aprehensión emitida en su contra, vinculada a su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
“Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado”, escribió Morales (2006-2019) en X.
Según su interpretación, el Ejecutivo intenta atribuirle la organización de las movilizaciones para desviar la atención de lo que considera la verdadera crisis del país: un severo deterioro económico y social, derivado —dice— de un modelo que desampara al pueblo y ampara la corrupción.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, añadió.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
Investigación contra Evo Morales
La Fiscalía investiga a Morales por presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a la seguridad de los servicios públicos.
El expediente, que también involucra a dos dirigentes sindicales, se abrió a partir de una denuncia presentada a inicios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico del país, a la que luego se adhirió el Ministerio de Gobierno.
Entre mayo y junio, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras —principalmente en el occidente y centro— con apoyo de sectores cercanos a Morales, para exigir la dimisión del presidente Paz.
Protestas se multiplican en Bolivia
Las movilizaciones generaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos— y causaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
Morales niega haber promovido la salida de Paz, aunque el 24 de mayo publicó en X que el mandatario tenía “dos caminos” ante la conflictividad: “militarizar” el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, el 20 de junio Paz declaró el estado de excepción para poner fin a los bloqueos. Posteriormente, la Policía y las Fuerzas Armadas se desplegaron en las rutas para despejarlas y normalizar el tránsito.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba —su bastión político y sindical—, resguardado por centenares de simpatizantes para evitar la ejecución de una orden de captura relacionada con un proceso por trata agravada de personas.
En esa causa, se le investiga por su presunta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la presidencia. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión por no presentarse al inicio del juicio.
