Paralelo a la discusión de la mega reforma —que en su eje más relevante propone reducir el impuesto corporativo—, la Organización de las Naciones Unidas impulsa, con bajo perfil, una negociación de alcance mucho mayor.
Se trata de un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que busca, por primera vez, establecer a nivel global un vínculo formal entre la política fiscal de los Estados y sus obligaciones en materia de derechos humanos.
¿En qué consiste la propuesta? El eje es que los tributos dejen de verse solo como instrumentos de recaudación y se entiendan como piezas esenciales para que los Estados aseguren derechos como salud, educación y protección social.
Con ese enfoque, decisiones como subir o bajar impuestos dejarían de ser meramente técnicas o de gestión económica y podrían incidir directamente en el cumplimiento —o eventual incumplimiento— de obligaciones de derechos humanos ya asumidas por los países en otros tratados.
La idea de la ONU que vincula impuestos y derechos humanos
Hugo Hurtado, socio de Deloitte, advirtió que elevar este objetivo a un principio superior podría tensionar la autodeterminación de Chile en materia tributaria. “En este caso, la redistribución tendría un fin superior o supremo respecto a lo otro. Por lo tanto, podría, en el futuro, llegar un contribuyente y reclamar ante tribunales internacionales que Chile no está haciendo un buen trabajo (…) y que puede revisarse determinada política tributaria”, señaló.
El proceso tomó forma a fines de 2023, cuando la Asamblea General de la ONU acordó iniciar un itinerario que se extenderá, al menos, hasta 2027.
El enfoque del convenio ha generado reparos entre expertos tributarios.
Algunos especialistas plantean que, si los tributos se interpretan como un deber ligado a los derechos humanos, una futura baja de impuestos podría cuestionarse no solo como una decisión económica discutible, sino como un posible retroceso en derechos, restringiendo el margen fiscal de los gobiernos.
Esa fue parte de la alerta de Pablo Mahu, experto en tributación internacional y socio de Serrano Abogados, quien advirtió que ciertas rebajas podrían ser vistas por otros países como competencia fiscal perjudicial. Según el borrador del convenio, ello abriría la puerta a cuestionamientos de terceros Estados por el impacto en sus bases imponibles.
En Chile, el tema roza directamente al gobierno anterior, que respaldó con fuerza la idea de profundizar el nexo entre tributación, redistribución y cumplimiento de derechos humanos.
Con todo, el texto final se conocerá recién el próximo año. Entonces, el Ejecutivo —y los demás países involucrados— deberán definir si adhieren o no a un instrumento que podría incidir de forma permanente en el diseño de la política tributaria nacional.
