Bastaron 19 minutos para que el 13º Juzgado de Garantía de Santiago asestara un golpe al Ministerio Público al decretar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien estaba formalizado por cuatro delitos ligados a su administración del fútbol chileno.
La jueza Paz Reyes Moreno desestimó uno a uno los planteamientos con los que la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Servicio de Impuestos Internos (SII) intentaron sostener la causa.
Según antecedentes revisados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el tribunal concluyó que la indagatoria encabezada por el fiscal Felipe Sepúlveda permaneció inactiva durante ocho años, a la espera de una extradición desde Estados Unidos que nunca se materializó. Ese prolongado lapso, resolvió la magistrada, permitió que la prescripción siguiera corriendo.
Ello, pese a que el Ministerio Público alegó en la audiencia que la falta de extradición de Jadue le impidió avanzar en nuevas diligencias investigativas.
Los delitos
En enero de 2017, la Fiscalía formalizó en ausencia a Sergio Jadue por cuatro ilícitos: dos por declaraciones tributarias maliciosamente falsas y dos por apropiación indebida, todos vinculados con hechos ocurridos cuando presidía la ANFP.
En el ámbito tributario, el Ministerio Público sostuvo que Jadue omitió declarar ingresos por US$2.196.402 percibidos entre 2014 y 2015 a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a $522 millones por Impuesto Global Complementario.
Respecto de la apropiación indebida, uno de los hechos imputados apuntaba al presunto uso de fondos de la ANFP para costear su defensa en el caso “FIFA Gate”. Según la acusación, la asociación pagó cerca de $184 millones en pasajes aéreos y otros US$175 mil en honorarios a estudios jurídicos en Estados Unidos que lo representaron personalmente.
Un segundo episodio decía relación con $140 millones provenientes de la Copa América 2015 que, de acuerdo con la Fiscalía, no habrían ingresado a la ANFP pese a figurar contablemente como préstamos a un club.
La formalización contempló además un tercer grupo de hechos ligados a préstamos de la ANFP a diversas instituciones deportivas. Una auditoría detectó operaciones por $3.870 millones y concluyó que $1.402 millones habrían sido cobrados por terceros ajenos a los beneficiarios originales mediante cheques al portador, transferencias y otros mecanismos.
Por último, la investigación consideró pagos por $218 millones efectuados por la ANFP al arquitecto Leónidas Laoutari Escaff por servicios sin respaldo suficiente, según la auditoría, la que también estableció que parte de los trabajos habría beneficiado directamente la vivienda particular de Jadue en Huechuraba.
Intento fallido
La estrategia del fiscal en la audiencia buscó convencer al tribunal de que la acción penal seguía vigente, pese a que habían pasado nueve años y medio desde la formalización en ausencia y más de una década desde el último hecho imputado.
Sostuvo también que la reiteración de simples delitos (apropiación indebida y tributarios) permitía elevar la sanción a rango de crimen, es decir, a una pena potencial superior a 5 años y un día.
Con ese escenario hipotético, intentó establecer que el período transcurrido entre la formalización y la audiencia —más de nueve años y seis meses— no podía computarse íntegramente para la prescripción.
En ese marco, afirmó que, como Jadue estuvo todo ese tiempo fuera de Chile, debía aplicarse el artículo 100 del Código Penal, que ordena contabilizar un día por cada dos de ausencia.
Aun bajo ese criterio, el plazo efectivo alcanzaba algo más de 4,7 años, por lo que —según la Fiscalía— aún no se cumplían los cinco años requeridos para declarar prescrita la acción penal.
El SII, representado por el abogado Felipe Ríos Silva, además de adherir a esos argumentos, sostuvo que la presencia física de Jadue en la audiencia era requisito para que el tribunal pudiera declarar la prescripción.
Son simples delitos
La jueza Reyes desechó ambas tesis. Primero, rechazó el argumento central del Ministerio Público sobre el cómputo del plazo, explicando que el artículo 94 del Código Penal fija la prescripción según la pena abstracta prevista para cada delito, sin considerar reglas posteriores de determinación de la sanción.
Recordó que a Sergio Jadue se le formalizó por “cuatro simples delitos”, de modo que el plazo base de prescripción era de cinco años desde la comisión de cada uno.
Acto seguido, admitió que la prolongada estadía de Jadue en Estados Unidos incidía en ese cálculo. Como abandonó Chile el 17 de noviembre de 2015 y no ha retornado, precisó que el artículo 100 del Código Penal obliga a duplicar el plazo de prescripción. En consecuencia, “los cinco años que refiere el artículo 94 se elevan a 10 años”, dijo en la audiencia.
Sin embargo, el punto decisivo fue otro: tras la formalización en ausencia de enero de 2017, la causa fue sobreseída temporalmente por rebeldía y así permaneció ocho años. Por ello, concluyó que la persecución penal estuvo detenida por un lapso muy superior a los tres años que contempla la ley, haciendo aplicable el artículo 96 del Código Penal.
“(…) han transcurrido, no tres, sino ocho años en que la prosecución ha estado paralizada, volviendo a correr el plazo de prescripción de la acción penal, retrotrayéndose a la fecha de comisión del delito”, advirtió.
Presunción de inocencia
La jueza también rechazó que el proceso de extradición alterara el método de cómputo de la prescripción. Fue tajante: “no hay norma alguna que prescriba que en casos de extradición el cómputo de la prescripción de la acción penal debe computarse desde la formalización, como ha sostenido el Ministerio Público”.
Antes de resolver, abordó de nuevo la idea de que la reiteración elevaba la pena al rango de crimen, extendiendo la prescripción.
“Razonar el efecto de la reiteración de delitos antes de que exista un juicio y una sentencia, trasgrede además la presunción de inocencia que reviste, por ahora, al imputado, porque implica dar por establecida la comisión de todos los delitos, y la responsabilidad del imputado en todos ellos”, señaló.
Agregó que “el Ministerio Público y el Querellante solo tienen una hipótesis acusatoria, no hechos establecidos, y la hipótesis solo permite apreciar la pena en abstracto prevista por la ley para resolver lo que hoy se solicita”.
Respecto de lo planteado por el SII sobre la necesidad de que Jadue estuviera presente, indicó que “no será oído”, ya que ese requisito se refiere a la declaración de oficio de la prescripción por parte del tribunal. En este caso, la audiencia respondió a una petición de la defensa.
¿Vuelta a Chile?
Con todo, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue en esta causa, al constatar que había transcurrido más del tiempo legal para la prescripción de la acción penal.
En consecuencia, Jadue deja de tener calidad de imputado y se levantó la orden de detención en su contra. La jueza ordenó, además, informar al Registro Civil para su eliminación del Registro Nacional de Prófugos.
Así las cosas, si lo desea y la justicia estadounidense no lo impide, el expresidente de la ANFP —bajo cuya gestión Chile ganó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016— está en condiciones de regresar al país.
