El Gobierno ingresó al Congreso, con discusión inmediata, un proyecto de ley para ampliar el subsidio a la tasa de interés en la compra de viviendas nuevas hasta 6.000 UF, con el fin de aumentar tanto el universo de beneficiarios como el valor máximo de las propiedades que podrán acogerse al instrumento.
Un especialista advirtió que esa ampliación podría ser discutible desde la perspectiva de política pública. Su crítica apunta a que el umbral de 6.000 UF ($246.000.000, aprox.) incorpora inmuebles a los que acceden hogares de mayores ingresos, con acceso a crédito y capacidad de pago.
José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE Business School de la Universidad de los Andes, señaló que el subsidio a la tasa hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para primera vivienda dinamizaron el mercado. Por ello valoró la continuidad del programa, aunque expresó reparos respecto de elevar el tope a 6.000 UF.
Hacienda aprueba ampliar subsidio para compra de viviendas nuevas
La propuesta modifica la Ley 21.748, incrementa el cupo de subsidios de 50 mil a 80 mil y eleva el precio máximo de las viviendas de 4.000 a 6.000 UF. Además, extiende hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar financiamiento bajo este beneficio.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ejecutivo indicó que la medida se articula con la reforma para la reconstrucción, que exime por 12 meses del IVA a la venta de viviendas nuevas. El objetivo declarado es apoyar a la clase media, reactivar la actividad inmobiliaria y promover el empleo.
Entre los fundamentos para subir el límite, el Gobierno planteó que el subsidio cubriría el 88,1% de la oferta disponible al cierre de marzo de 2026, cerca de 104 mil unidades. De ellas, 19.022 tienen valores entre 4.000 y 6.000 UF y hoy no califican para el beneficio.
La iniciativa superó su primer trámite con amplio respaldo: la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la idea de legislar y, luego, apoyó con 11 votos a favor y 2 en contra el aumento del tope a 6.000 UF. En el debate surgieron dudas transversales sobre cómo asegurar que la exención temporal del IVA se traduzca realmente en menores precios para los compradores, y se solicitaron detalles de la metodología utilizada por el Ejecutivo para proyectar el impacto en los valores de las viviendas.
Aunque hubo acuerdo en que la extensión del subsidio favorece a la clase media y al empleo, algunos parlamentarios recordaron que el déficit habitacional no se resuelve solo con el stock de viviendas nuevas. Recalcaron que más de 400 mil familias tienen dificultades de acceso y pidieron avanzar también en respuestas para ese déficit.
El Gobierno respondió que el traspaso del beneficio tributario dependerá del estado de avance de cada proyecto y que la competencia entre empresas presionará a reflejar la rebaja en los precios finales. Asimismo, indicó que cualquier evaluación para volver a aumentar el límite de 6.000 UF requerirá observar primero la implementación y sus efectos en el mercado.
El reparo de un experto: “Llegar hasta las 6.000 UF me parece demasiado”
José Miguel Simian, del ESE de la Universidad de los Andes, destacó la continuidad del subsidio y afirmó que ha sido uno de los instrumentos más efectivos para reactivar el mercado en los últimos meses. A su juicio, la política impulsó las ventas en el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año al facilitar financiamiento de hasta el 90% del valor con garantía estatal y rebajar las tasas hipotecarias. Consideró muy positiva la prórroga del programa y que una rápida ejecución podría sostener las ventas en el corto plazo.
No obstante, cuestionó elevar el valor máximo de las viviendas beneficiadas. “Llegar hasta las 6.000 UF me parece demasiado”, dijo, al estimar que ese tramo incluye a hogares de mayores ingresos. Planteó dudas sobre la conveniencia de subsidiar a ese segmento y señaló que habría preferido un aumento más moderado sobre el tope vigente de 4.000 UF.
El académico también llamó a no atribuir exclusivamente a los precios las dificultades del sector. Si bien reconoció que muchas familias siguen con barreras de acceso, sostuvo que la menor demanda por viviendas nuevas obedece además a factores demográficos y a un menor crecimiento de los hogares. “No es solo un problema de precio, sino también de demanda”, concluyó.
