El Gobierno, por medio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, presentó un veto supresivo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional —conocido como megarreforma— recientemente aprobado por el Congreso.
Con esta acción, el Ejecutivo busca eliminar tres disposiciones incorporadas durante el debate legislativo: la prohibición del anatocismo, el llamado “derecho al olvido financiero” y la restricción a pactar plazos excepcionales de pago en facturas superiores a 30 días.
El documento cuenta con las firmas del presidente José Antonio Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según La Moneda, las tres normas —ingresadas mediante indicaciones— exceden el marco original del proyecto y podrían generar “efectos negativos” en el sistema financiero y en el acceso al financiamiento para las empresas.
Los artículos objetados por el Ejecutivo en la megarreforma
1. Prohibición absoluta del anatocismo (artículo 32)
El veto suprime la regla que impedía, en cualquier circunstancia, cobrar o capitalizar intereses sobre intereses en operaciones de crédito. Para el Gobierno, esta restricción impactaría productos como depósitos a plazo renovables, repactaciones, líneas de crédito, créditos con periodos de gracia y aquellos con cuotas variables. Además, alude a informes de la CMF y del Banco Central que advierten posibles alzas en el costo del crédito, menor acceso, efectos sobre el ahorro y trabas a la transmisión de la política monetaria.
2. Derecho al olvido financiero (artículo 39)
Se propone eliminar la norma que ordenaba borrar de registros internos y de reportes a terceros las deudas impagas o extinguidas con más de cinco años, y que prohibía usar esa información para negar productos financieros. El Ejecutivo argumenta que el tema ya está cubierto por la Ley del Registro de Deuda Consolidada (REDEC) y que la nueva disposición generaría duplicidades, choques con obligaciones legales de conservación de datos y efectos sobre cobranza y acceso al crédito, además de eventuales impactos en los balances de las instituciones.
3. Prohibición de pactar plazos excepcionales de pago (artículo 40)
El veto también busca eliminar el artículo que impedía convenir plazos especiales de pago en facturas por encima de 30 días y que acortaba los tiempos de pago del Estado como comprador. El Gobierno sostiene que estos acuerdos funcionan como una herramienta de financiamiento, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.
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