El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó que se mantendrán tanto los plazos como los diseños de los proyectos de corredores de transporte público en la ruta 160 y en el tramo 150-Autopista Concepción–Talcahuano. Asimismo, defendió el cambio de esquema de financiamiento, que pasa de concesión a recursos directos de la Dirección de Vialidad, asegurando: “La decisión es la correcta”.
El anuncio se produjo tras una reunión con el gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, además de parlamentarios y alcaldes, donde el ministro señaló que la región cuenta con una cartera de inversiones que superará los 3 mil millones de dólares durante los próximos tres años de gobierno.
El punto central fue el estado de los corredores del Gran Concepción, en la región del Bío Bío. Esta semana el Ejecutivo había decidido suspender las licitaciones, pero luego, tras las críticas, revirtió esa medida. Los proyectos continúan, ahora con financiamiento directo del MOP.
De Grange recalcó que se preservan el diseño, el calendario de ejecución y el impacto en empleo; lo único que varía es la fuente de recursos. Detalló que el plan original contemplaba estudios de ingeniería durante 2027 y 2028 —dos años completos de análisis y tramitación de permisos—, para iniciar posteriormente las obras y abrir al público hacia fines de 2031. Según el ministro, esos plazos siguen vigentes. Añadió que los equipos técnicos están comprometidos y garantizan el cumplimiento de las etapas: ingeniería, construcción y puesta en marcha.
Cambio de mecanismo de financiamiento
Respecto del giro en el financiamiento, el biministro señaló que el sistema de concesiones ha sido clave para acelerar el desarrollo y cerrar brechas de infraestructura en el país; sin embargo, en este caso consideró preferible ejecutarlo como obra pública administrada directamente por el MOP. Subrayó que los estudios de ingeniería aún no se iniciaban bajo el modelo de concesión y que vienen dos años completos de análisis acompañados de la gestión de permisos.
Precisó que el Gobierno determinó que el proyecto avance como obra pública, lo que implica ajustes presupuestarios. Y, dado el deber de usar con eficiencia los recursos fiscales, estimaron que, por las particularidades de esta iniciativa, lo adecuado es llevarla a cabo a través del MOP, específicamente mediante la Dirección de Vialidad.
Consultado por eventuales demandas de la empresa que había avanzado en la licitación, indicó que los litigios son habituales en infraestructura y podrían ocurrir, pero sostuvo que, tanto ingenieril como jurídicamente, “la decisión es la correcta”. Ante la pregunta sobre si la compañía fue notificada, respondió que “todavía no ha salido el decreto de adjudicación”.
Certeza jurídica para empresas
La controversia también abrió interrogantes sobre la seguridad jurídica para las asociaciones público-privadas. El ministro afirmó que esa certeza “por supuesto que existe” y destacó que el sistema de concesiones es un modelo reconocido internacionalmente, que el Gobierno seguirá impulsando y fortaleciendo.
Por último, indicó que los estudios de ingeniería permitirán definir si los corredores se ejecutarán de forma paralela o por etapas. Dependiendo de las condiciones geológicas de cada tramo, los avances podrían diferir, pero el horizonte de operación para los usuarios se mantiene para fines de 2031, tal como estaba previsto. Pese a las insistentes consultas de Radio Bío Bío, la autoridad no detalló en qué punto exacto se encontraba la licitación de concesión en la región.
