El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, confirmó que se mantienen intactos los plazos y los diseños de los corredores de transporte público de la ruta 160 y de la 150–Autopista Concepción–Talcahuano. Además, defendió el cambio de financiamiento desde el esquema de concesiones a recursos directos de la Dirección de Vialidad, señalando que “la decisión es la correcta”.
El anuncio se realizó tras una reunión con el gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, además de parlamentarios y alcaldes de la zona. De Grange indicó que la región proyecta una cartera de inversiones superior a los 3 mil millones de dólares para los próximos tres años de gobierno.
El punto central fue el futuro de los corredores del Gran Concepción, en la región del Bío Bío. Aunque esta semana el Gobierno había decidido frenar las licitaciones, luego revirtió la medida ante las críticas, manteniendo las iniciativas, ahora con financiamiento directo del MOP.
De Grange precisó que no habrá alteraciones en el diseño, los plazos de ejecución ni en la proyección de empleos; solo se modificó el esquema de financiamiento. Explicó que el plan original contemplaba realizar los estudios de ingeniería durante 2027 y 2028, incluyendo la tramitación de permisos, para iniciar obras posteriormente y abrir al uso ciudadano hacia fines de 2031. “Esos plazos se mantienen”, remarcó. Agregó que los equipos técnicos garantizan el respeto de las etapas de ingeniería, construcción y puesta en marcha.
Cambio de mecanismo de financiamiento
Respecto al viraje en el modelo de financiamiento, el biministro señaló que el sistema de concesiones ha sido clave para acelerar obras y cerrar brechas de infraestructura, pero que, en este caso, resultaba preferible ejecutarlo como obra pública directamente gestionada por el MOP. Recalcó que los estudios de ingeniería aún no se iniciaban bajo concesiones y que vienen dos años completos de ingeniería y tramitaciones de permisos.
Indicó que la decisión de que el proyecto avance como obra pública implica efectos presupuestarios y que, buscando la mayor eficiencia en el uso de recursos fiscales, se optó por llevarlo a cabo vía Ministerio de Obras Públicas y específicamente a través de la Dirección de Vialidad.
Frente a una posible demanda de la empresa que participaba en la licitación, De Grange admitió que los litigios son habituales en infraestructura y podrían darse, pero aseguró que, desde lo técnico y lo jurídico, la determinación es correcta. Consultado sobre la notificación a la empresa, añadió que el decreto de adjudicación aún no ha sido emitido.
Certeza jurídica para empresas
Las dudas sobre la seguridad jurídica en alianzas público-privadas también fueron abordadas. El ministro garantizó que “por supuesto que la certeza jurídica existe” y destacó que el sistema de concesiones es un emblema de colaboración público-privada que el Gobierno seguirá reforzando.
Asimismo, aclaró que los estudios de ingeniería definirán si los corredores se ejecutan en paralelo o por etapas, dependiendo de las condiciones del terreno, manteniendo como meta que el sistema esté operativo hacia fines de 2031, tal como se estableció originalmente. Pese a las consultas, no precisó en qué fase exacta se encontraba la licitación por concesión de los corredores en la región.
