El Gobierno informó que está considerando un proyecto para crear un nuevo tipo de Estado de Excepción Constitucional, orientado específicamente a barrios con alta criminalidad, que permitiría a las Fuerzas Armadas apoyar en terreno a Carabineros.
La propuesta forma parte del plan de seguridad presentado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional el miércoles por la noche, y fue detallada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en conversación con 24 Horas.
Según Alvarado, se evalúa un Estado de Excepción acotado a ciertos sectores dentro de las ciudades, donde la conducción operativa estaría a cargo de Carabineros, con convenios de colaboración con las FF.AA., y con la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias como restringir desplazamientos por un tiempo determinado, en función de parámetros objetivos que justifiquen una intervención más intensa contra la delincuencia.
Los sectores a intervenir se definirán a partir de indicadores de criminalidad, con una clasificación de al menos 50 zonas. Carabineros y organismos especializados aportarán las estadísticas para fijar los criterios de selección, explicó.
El ministro de Seguridad, Martin Arrau, lidera ese catastro y, de acuerdo con Alvarado, habrá anuncios próximamente. La meta es reforzar la vigilancia en los puntos más peligrosos, donde los vecinos hoy sienten mayor temor y limitan su circulación, con presencia policial sostenida y soporte tecnológico para mejorar el control. No se trataría de operativos puntuales, sino de acciones prolongadas y más profundas para disminuir los delitos en esos territorios.
El biministro subrayó que el foco es resguardar a las familias que viven en esas zonas, mediante una intervención estatal integral en beneficio de los residentes, con coordinación comunitaria y colaboración directa con la policía.
En materia migratoria, el Ejecutivo propone modificar los plazos legales de permanencia en centros de retención administrados por la PDI. Alvarado señaló que el límite actual de 5 días para concretar expulsiones resulta insuficiente por los trámites y autorizaciones requeridas, lo que obliga a liberar a personas antes de completar el proceso. Por ello, se busca ampliar el plazo hasta 180 días, en tramos de 60 días renovables hasta dos veces.
