Cuando Deportes Concepción parecía afianzarse en la cancha y sostener una racha positiva en la temporada, un conflicto extradeportivo amenaza con cambiar el foco.
El Club Social y de Deportes Concepción anunció que fue notificado del inicio de un procedimiento arbitral promovido por Inversiones Vicjo SpA, accionista mayoritario de El Conce SADP, por una disputa cercana a 49 mil UF, alrededor de 2.000 millones de pesos.
De acuerdo con el directorio del Club Social, el origen del conflicto se remonta a la desafiliación de 2016 y a las obligaciones financieras derivadas de ese episodio. Sostienen que esas deudas se generaron bajo la gestión de concesionarias externas, etapa en la que, afirman, el Club Social no tuvo injerencia directa.
El comunicado detalla que, con el tiempo, se suscribieron diversos acuerdos en torno a esa obligación, incluidos instrumentos firmados en 2023, cuyos alcances y efectos serán materia del arbitraje. Aunque la actual directiva intentó cerrar el tema con Inversiones Vicjo mediante una salida negociada, las tratativas se estancaron.
El Club Social añadió que, durante esas conversaciones, se consideró ofrecer como garantía el Complejo Deportivo de Nonguén, alternativa que no prosperó al no contar con el respaldo de la Asamblea de socios. Frente a este escenario, el directorio aseguró haber adoptado acciones legales para proteger el patrimonio institucional y enfrentar el arbitraje.
— Club Social y de Deportes Concepción (@CSDConcepcion) August 7, 2026
Ante este escenario, el presidente del Club Social, Renato Varela, calificó en conversación con BioBioChile como una “traición” la decisión adoptada por la sociedad anónima del León de Collao.
“Pese al origen y lo injusto de esa deuda, y a que seguimos cargando con esto casi 10 años después, como directorio siempre mostramos disposición para encontrar una salida. Dialogamos con la sociedad anónima, presentamos propuestas concretas para cerrar definitivamente el problema y alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Pero, lamentablemente, la contraparte optó por no seguir conversando e inició este arbitraje”, señaló.
“Nuestra postura hoy, con todas las herramientas legales disponibles, es defendernos para proteger nuestro patrimonio, porque si perdiéramos esta demanda, queda en riesgo nuestro principal activo: los campos deportivos de Nonguén. Ese es el mayor peligro que enfrentamos”, añadió.
Varela profundizó: “Seguimos abiertos al diálogo, como siempre. Actualmente arrendamos los campos de Nonguén a la sociedad anónima y hay un uso compartido que venía funcionando muy bien. Esto es un retroceso respecto de lo avanzado y, en la práctica, una traición iniciar un arbitraje contra una corporación sin fines de lucro. No tenemos otra forma de pagar esos 1.350 millones que no sea mediante las alternativas que propusimos”.
También explicó: “Somos los titulares de las marcas vinculadas a Deportes Concepción y las cedemos a la sociedad anónima para su uso competitivo; ese contrato rige hasta 2029. Ofrecimos renegociarlo, fijar un monto en dinero, ya que hoy podemos comercializar espacios estáticos en el estadio y no lo estamos explotando. La idea era pactar un precio y que se descontara directamente de la deuda”.
“Esa fue nuestra oferta y no les pareció. Luego solicitaron garantías e hipotecar Nonguén por si no había acuerdo. La asamblea no lo aprobó y el resultado es este: fuimos demandados para dirimir el asunto”, cerró Varela.
Este medio buscó la versión de la contraparte, sin obtener respuesta.
