El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes, por 37 votos a favor y 33 en contra, un proyecto de ley sobre propiedad privada promovido por el Gobierno de Javier Milei.
Tras casi 13 horas de discusión, la Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa, que ahora deberá ser tratada y votada en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
¿Qué contempla el texto aprobado?
La propuesta introduce modificaciones al régimen de desalojos en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a resolverse mediante juicio sumario, un trámite más expedito que el vigente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que la norma “favorece el aumento de desalojos forzosos sin evaluación de proporcionalidad de estas decisiones ni la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias en situación de vulnerabilidad”, en un contexto de crisis económica y dificultades para afrontar alquileres.
El senador kirchnerista Mariano Recalde criticó al Ejecutivo porque, “bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hace es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago, en un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda”.
De acuerdo con el CELS, en 2025 el 57% de los hogares inquilinos destinó más de la mitad de sus ingresos al alquiler, casi 20 puntos más que en 2024.
El texto también restringe las facultades del Estado para expropiar, al exigir definiciones más estrictas de “utilidad pública”, el concepto que habilita una expropiación.
La normativa actual recurre a una noción amplia de utilidad pública, que abarca la satisfacción del bien común “ya sea de naturaleza material o espiritual”, conforme a la ley 21.499.
Esa redacción posibilita abarcar necesidades colectivas variadas, desde obras públicas hasta objetivos generales de interés público, siempre que haya una justificación legal.
En cambio, el proyecto aprobado ordena interpretar de manera restrictiva la declaración de utilidad pública: exige identificar con precisión el objetivo perseguido, demostrar que la expropiación es idónea para conseguirlo, acreditar que no hay una alternativa menos lesiva para la propiedad y verificar la proporcionalidad, de modo que el sacrificio del dueño guarde relación con el beneficio colectivo.
Con este viraje, ya no alcanzaría con invocar de forma genérica el interés general o la conveniencia de una política pública: el Estado tendría que vincular cada expropiación a un bien concreto y explicar por qué esa medida específica es necesaria y equilibrada.
El pueblo de Argentina ha logrado tumbar la ley de tierras del ultraderechista Milei con la que oligarcas y fondos buitres extranjeros iban a poder comprar las tierras que quisieran sin restricciones. Por eso se ensañaron contra la movilización popular con esta brutal represión. pic.twitter.com/O4hsY72v1S
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 7, 2026
Además, fija que la compensación al expropiado debe ser una reparación integral —incluido el lucro cesante— por el valor del bien, tomando como referencia la tasación previa al anuncio de expropiación.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ingresó al Congreso en marzo, pero su tratamiento se postergó en cuatro oportunidades por falta de apoyos firmes del oficialismo.
Las negociaciones se extendieron tanto que el proyecto llegó a tener 17 versiones. El borrador original contemplaba seis ejes y 53 artículos, que se depuraron hasta quedar en tres ejes y 37 artículos.
¿Cuáles fueron los puntos conflictivos que se eliminaron?
Uno de los apartados más controvertidos reducía las restricciones a la compra de tierras por personas y empresas extranjeras. Ese capítulo fue retirado el miércoles por el oficialismo en el Senado ante el fuerte rechazo social.
Tampoco prosperó, tras un extenso intercambio, el capítulo sobre el uso de tierras afectadas por incendios rurales, muy cuestionado por organizaciones ambientalistas.
La propuesta para modificar la Ley de Manejo del Fuego pretendía facilitar cambios de uso del suelo luego de un incendio —intencional o accidental— y permitir la venta o subdivisión de los predios dañados.
El Poder Ejecutivo buscaba derogar la prohibición de cambiar el uso del suelo por 60 años tras incendios en bosques, áreas protegidas y humedales, y el veto por 30 años a proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias en áreas de vegetación fuera del perímetro urbano.
Greenpeace alertó que estas reformas podían incentivar incendios provocados en un contexto de mayor deforestación.
“La patria no se vende”: protestas frente al Congreso
La retirada del apartado sobre la compra de tierras por capitales extranjeros no logró desactivar el descontento social.
Al grito de “la patria no se vende”, desde el mediodía del jueves comenzaron a reunirse manifestantes frente al Senado y, para las 15:00, ya se contaban por miles en las inmediaciones del Congreso.
Horas después, la Policía intervino con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para impedir que un grupo reducido derribara el vallado de seguridad del Parlamento.
Entre estruendos y corridas, la mayoría se dispersó en diversas direcciones, aunque un sector intentó regresar a la plaza, prolongando los enfrentamientos por más de tres horas.
Hubo 26 detenidos y al menos cuatro policías heridos; uno de ellos fue trasladado al Hospital Churruca con un traumatismo en la cabeza por una pedrada. Más de 2.000 agentes fueron desplegados para custodiar la movilización.
La convocatoria se difundió masivamente en redes sociales, con la adhesión de artistas, creadores de contenido y organizaciones sin fines de lucro a una campaña contra la normativa.
El Gobierno sostiene que el proyecto de “inviolabilidad” de la propiedad privada elimina trabas que restringen ese derecho y refuerza la seguridad jurídica para atraer inversiones.
El senador opositor José Mayans replicó que “la inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17” de la Constitución, y afirmó que la iniciativa “está hecha para grupos y élites, y perjudica a los argentinos”.
“Por eso está llena esa plaza”, remató, aludiendo a la multitud que se concentró en las afueras del Congreso.
