Roberto Garrido, fiscal regional del Bío Bío: "La criminalidad organizada requiere una respuesta similar del Estado"

Roberto Garrido asumió hace pocos días como fiscal regional del Bío Bío, relevando a Marcela Cartagena en un contexto de profunda transformación del panorama delictual en la zona.

Oriundo de Talcahuano y formado en la Universidad de Concepción, Garrido regresa a su región tras 24 años de carrera en La Araucanía, donde dirigió investigaciones de alta complejidad como el caso del asesinato de tres carabineros al sur de Cañete.

Su llegada coincide con desafíos mayúsculos: una tasa de homicidios en alza, el emblemático caso de corrupción de los convenios, la pendiente resolución del caso Tomás Bravo, y la permeabilidad del sistema judicial evidenciada en Los Ángeles.

En conversación con La Radio, el nuevo fiscal regional expone su diagnóstico sobre el crimen organizado, la necesidad de articular respuestas interinstitucionales y su visión sobre cómo transformar a la Fiscalía del Bío Bío en un referente nacional.

—¿Cómo ha sido su llegada a la Fiscalía del Bío Bío y qué panorama ha encontrado en estos primeros días?

Ha sido unos días muy intensos. Asumimos con el nuevo equipo directivo el día lunes y hemos percibido primero, y creo que es lo más destacable, un enorme entusiasmo en los equipos de la Fiscalía del Bío Bío, muchas ganas de implementar procesos de mejora, de volver a la mística que teníamos en un principio.

Creo que hay un excelente material para trabajar, hay muchas cosas que hacer. Hemos viajado a alguno de los equipos, hemos visitado desde la oficina de Santa Bárbara, la Fiscalía de Los Ángeles, hemos estado también en Talcahuano, obviamente en Concepción con los equipos ECO, el equipo de alta complejidad, y vamos a continuar en los próximos días visitando también la provincia de Arauco.

Creo que es muy importante tener ese feedback, esa relación con los equipos que están en la parte operativa, para poder también empezar a generar cambios en términos de la manera de trabajar de la Fiscalía, la proximidad que tenemos con la comunidad y que se note el impulso que traemos como nuevo equipo directivo.

—Usted es de Talcahuano, estudió en Concepción, pero desarrolló su carrera en La Araucanía. ¿Qué lo trae de regreso?

Yo soy originario de esta región, soy de Talcahuano, nací y me crié en el barrio de La Higuera de Talcahuano y estudié en Concepción, en la Alianza Francesa de Concepción y luego en la Universidad de Concepción estudié Derecho.

Emigré por razones profesionales, porque me integré a la Fiscalía. A pesar de que mi intención era hacerlo acá en mi región, finalmente fui seleccionado en La Araucanía y sin quizás planificarlo inicié allá mi carrera, me desarrollé durante 24 años. Estoy muy agradecido de todo lo que recibí allá, pero ya era momento también de regresar.

—En La Araucanía le tocó dirigir la investigación del asesinato de los tres carabineros al sur de Cañete, un caso que requirió coordinación con la Fiscalía del Bío Bío. ¿Qué lecciones dejó esa experiencia?

Ese fue un caso muy complejo por las características de la investigación, por el significado también que tenía una investigación de esa naturaleza. El trabajo coordinado que se realizó entre la Fiscalía del Bío Bío y de La Araucanía, conformando un equipo de fiscales que en una primera etapa cumplieron diferentes labores y correspondiéndome el honor y la responsabilidad de dirigir ese equipo, arrojó varias enseñanzas en términos de cómo trabajar coordinadamente fenómenos que son transregionales.

Ya había un antecedente de lo que habíamos realizado para la persecución del robo de madera, por ejemplo, y eso sin duda sirvió de insumo. Hay que entender que la problemática delictual y sobre todo la más compleja no reconoce límites regionales y por lo tanto la capacidad de traspaso de información, de protocolos de actuación que eliminen cierta burocracia y que permitan ser más ágiles en la actuación, son insumos muy relevantes a la hora de poder tener después resultados exitosos.

Es un trabajo que hay que estar revisando permanentemente y sin duda vamos a seguir por esa línea de colaboración hoy día con la Fiscalía Supraterritorial, por ejemplo.

Prioridades y casos emblemáticos

—Hay logros importantes en crimen organizado, robo de madera, sicariato, pero también hay pendientes significativos como el caso Tomás Bravo o los casos convenios. ¿Cómo pretende abordar estos temas?

Hay fenómenos en Bío Bío que son prioritarios. Toda la problemática vinculada con los homicidios, donde el trabajo que está realizando el equipo ECO está notándose ya los resultados en términos de una disminución que puede ser alentadora, pero que tenemos que mantener. Me parece que es un avance. Todos los aspectos relativos a la corrupción, a la investigación de la corrupción y en eso es emblemático todos los casos convenios, también es un aspecto que debemos priorizar.

—¿Es posible ampliar el equipo en casos convenios? La fiscal María José Aguayo está visible en todas las causas.

Lo ideal siempre sería contar con todas las personas y con todos los equipos en términos profesionales, de abogados, de analistas, que puedan aumentar las manos con las que cuenta el Ministerio Público para actuar en la región. Pero pensar que en algún momento vamos a llegar a un nivel óptimo de funcionarios es algo que la verdad no va a ocurrir en el corto plazo.

Estamos pasando por un proceso de fortalecimiento por la aprobación de una ley recientemente, que es algo gradual y sin perjuicio de la incorporación de apoyos que van a llegar en algún momento. Lo importante también es hacer un trabajo de priorización de cuáles son las investigaciones que necesitan mayor atención, de revisión de los procesos para distribuir dónde es prioritario poner mayores refuerzos y también mejorar algunos procesos de trabajo, como centralizar alguna gestión, alguna labor que libere entonces apoyos que puedan tener los fiscales que están a cargo de ciertas investigaciones.

No depende del fiscal regional aumentar la planta de funcionarios de la Fiscalía, pero sí lo que depende de nosotros es que podamos ser más eficientes en la implementación de algunos recursos y principalmente también en detectar dónde están los nudos críticos para poder solucionarlos.

—Los plazos de investigación en casos convenios son largos. Las defensas plantean que las personas formalizadas terminan con medidas cautelares más extensas que las eventuales condenas. ¿Cómo ve este problema?

Hay un problema con la dilación de la tramitación de los procesos, es algo que es responsabilidad de todo el sistema de justicia criminal. Es bien notorio lo difícil que resulta realizar una audiencia de preparación de juicio oral. Hoy día hay casos en esta región que están presentadas las acusaciones, pero sin embargo las audiencias de preparación de juicio se van dilatando.

Hay estrategias de defensa que consisten únicamente en la dilación de los procesos y hay también desde parte del Poder Judicial la necesidad de controlar la eficiencia también de las audiencias que se realizan. Esto incide en la mantención o en la extensión de medidas cautelares como la prisión preventiva.

Lo que nosotros podemos hacer para acelerar los tiempos de tramitación es preocuparnos de los aspectos que a nosotros nos compete en el respeto de los plazos judiciales que están fijados. Evitar las suspensiones de audiencia que son responsabilidad de la fiscalía, como por ejemplo las que tienen que ver con la entrega de los antecedentes de investigación, pero también los demás intervinientes en el proceso penal son llamados a revisar también sus actuaciones.

En muchas audiencias se suspenden a petición de las defensas. Lo que me llama la atención es que normalmente solicitan esos plazos para revisar antecedentes en la audiencia de preparación de juicio oral. Yo no creo que en casos como los casos convenios revisen los antecedentes el día antes.

Probablemente hay un trabajo constante de revisión de antecedentes y se pueden evitar, se puede coordinar mejor para evitar que se suspendan audiencias. Eso es muy preocupante. No podemos volver a los niveles de tiempo de tramitación que teníamos en el sistema inquisitivo. Creo que es una responsabilidad conjunta de todo el sistema de justicia.

—¿Le preocupa lo permeable que puede ser el sistema judicial al crimen organizado, considerando lo ocurrido en Los Ángeles con investigaciones que abarcan a un fiscal, abogadas, una defensora, una jueza?

La criminalidad organizada presenta esas problemáticas y creo que las instituciones tienen que prepararse para poder tener sistemas de control que eviten que ocurran situaciones como esa. Lo peor sería no tener los mecanismos de detección. Obviamente lo que ocurre en Los Ángeles, lo que ocurrió en Los Ángeles que afecta a la fiscalía en la parte que corresponde, es algo lamentable.

Vamos a trabajar para que eso no ocurra, pero en las situaciones en que detectemos irregularidades administrativas o peor, delitos, vamos a ser inflexibles en exigir el cumplimiento de esas responsabilidades administrativas y obviamente hacer las denuncias que correspondan en los casos en los que se merece ese tipo de sanción.

La labor de la Fiscalía es demasiado sensible como para no tener controles que la hagan permeable a la influencia de la criminalidad organizada.

Crimen organizado y respuesta interinstitucional

—Un informe reciente del Observatorio del Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello muestra una evolución impresionante en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en la región desde 2014 a 2025. ¿Cómo explica este fenómeno?

La explicación que hoy día tenemos para ese fenómeno pasa por la expansión de organizaciones criminales y por luchas territoriales vinculadas con esas mismas organizaciones. Hay varios fenómenos que explican la llegada y la instalación en determinadas zonas de la región de esas organizaciones.

La posibilidad del establecimiento de economías ilícitas vinculadas a la sustracción de madera, vinculadas también al tráfico de droga de manera importante, explican por qué se instalan y cómo van utilizando ciertos espacios que otorga nuestro territorio.

La lucha contra estas organizaciones tiene que ser algo que estamos revisando permanentemente. Creo que lo principal es que la realidad actual respecto de la tasa de homicidios y la influencia de las organizaciones criminales se puede cambiar. Es posible revertir no solo la sensación, sino que las cifras en términos de seguridad.

No es un trabajo a corto plazo ni un trabajo fácil, pero es algo que se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, no sólo mejorando el trabajo de la Fiscalía, sino que obviamente la coordinación también con todos los organismos que están vinculados en la temática de seguridad. La problemática de seguridad no es algo que sea incluso ajeno a toda la comunidad.

—Sobre lavado de activos y la proliferación de negocios evidentemente extraños en las ciudades, ¿falta mayor apoyo de organismos como Impuestos Internos o fiscalizadores en general?

En eso sí hay un cambio notorio y notable también en cómo otros servicios públicos que tradicionalmente no estaban dentro de la órbita de lo que era la seguridad pública han comenzado a constituirse en un enorme apoyo para la labor de persecución penal.

El Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduana, son colaboradores fundamentales. En el robo de madera, por ejemplo, fue muy importante. No era solamente ir a detener a los camiones, sino que había que hacer un trabajo bien riguroso desde el punto de vista tributario.

He notado que esos servicios veían a la Fiscalía o los aspectos penales más bien como algo accesorio, como algo secundario, pero hoy día es un tema central, porque la seguridad es un tema central también del país y todas las instituciones, incluso los actores privados como los bancos, por ejemplo, también han cambiado su mirada respecto de la participación que les corresponde en materia de seguridad.

Si se logra articular con diferentes actores, diferentes agencias del Estado y también privados, creo que podemos ir generando traspasos de información, alertas de detección de situaciones irregulares que en definitiva se traduzcan en mejores resultados en términos de investigación, en la posibilidad de adoptar medidas también de prevención.

La Fiscalía es un órgano que interviene cuando el delito ya ocurrió. Nosotros no tenemos por definición constitucional una participación preventiva, pero la información que tenemos, el trabajo de análisis que se hace, sin duda puede servir junto con los otros órganos del Estado para prevenir.

—La Contraloría ha tenido un rol fundamental en casos de corrupción. Muchos casos vienen derivados de investigaciones administrativas. ¿Es un camino a seguir con otras instituciones?

Sí, por supuesto. El trabajo que realiza la Contraloría para la detección de situaciones irregulares que pueden ser constitutivas de delito es fundamental. Nosotros nos apoyamos mucho en eso. Y así, en esa misma línea, el Servicio de Impuestos Internos en la detección de situaciones que pueden ser constitutivas de lavado de activos, o el Servicio Nacional de Aduana, los servicios de salud también tienen información que puede servir para investigaciones.

Creo que la criminalidad organizada no se puede perseguir de forma atomizada, requiere una respuesta similar de parte del Estado. Insisto, si bien no es un trabajo fácil ni de corto plazo, creo que se puede revertir esa situación. Yo confío en que tenemos la capacidad para hacerlo, porque en casos puntuales lo hemos demostrado y se producen esos cambios.

La disminución del robo de madera, de grandes explotaciones ilegales de madera, no sólo por el cambio legislativo que fue un tremendo aporte, sino el trabajo de diferentes instituciones como CORMA, por ejemplo, y el Servicio de Impuestos Internos, permitió desbaratar bandas que estaban asentadas mucho tiempo en la provincia de Arauco.

—Finalmente, ¿qué estilo de fiscal regional nos vamos a encontrar en términos de relación con la comunidad?

Yo espero que más que un fiscal regional, la comunidad del Bío Bío se encuentre con una institución sólida, una institución comprometida, una institución que además esté al servicio de las personas. Porque la labor de la Fiscalía de Chile es trabajar para garantizar el acceso a la justicia de la población.

Y eso no sólo depende del resultado que nosotros obtengamos en definitiva, sino que es muy importante también la manera como nos acercamos, cómo atendemos a la gente, qué respuesta les damos y cómo nos comunicamos con ellos. Esto no es un trabajo que dependa solo de una persona.

Tengo el privilegio y el honor de encabezar un tremendo equipo de trabajo, como son todas las personas que integran la Fiscalía del Bío Bío. Y con ese mismo entusiasmo vamos a trabajar para transformar a la Fiscalía del Bío Bío en un referente nacional, porque es lo que esta región merece.