La oposición incrementó la presión para que se conforme la comisión especial investigadora destinada a revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
El impulso surge tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que declaró improcedente una solicitud de información realizada por la entonces titular de la cartera a la Policía de Investigaciones.
El calendario complica a la oposición: el miércoles 19 de agosto expira el plazo constitucional de tres meses para presentar una acusación constitucional contra Steinert.
Ante ese escenario, advirtieron que, si no se alcanza a constituir la comisión, comenzarán a evaluar directamente una eventual acusación en su contra.
Desde el bloque opositor sostienen que las bancadas oficialistas estarían demorando la entrega de los nombres requeridos para integrar la comisión, señalamiento que ha sido desestimado por el oficialismo.
El diputado independiente PPD, Jaime Araya, planteó que, de persistir la dilación, debería avanzarse en la redacción de una acusación constitucional para evitar que prescriba el plazo fijado por la Carta Fundamental.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, afirmó que existen antecedentes suficientes para considerar una acusación constitucional contra la exministra Steinert.
No obstante, subrayó que la prioridad del sector sigue siendo instalar la comisión investigadora.
Constituida la instancia, la comisión contará con un plazo de 60 días para desarrollar sus labores.
