El gobernador regional del Bío Bío, Sergio Giacaman, solicitó que el Gobierno entregue los fundamentos que respalden la decisión de ejecutar la construcción de los corredores de transporte público a través de Vialidad. También planteó la opción de impulsar una comisión investigadora para transparentar costos y criterios.
Desde la oposición advierten que prescindir del modelo de concesiones podría atrasar los cronogramas, pese a las garantías entregadas por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, respecto del mantenimiento de diseño y plazos: garantizado por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.
En España, distintos medios informaron sobre la determinación del Ejecutivo chileno de no continuar con la empresa AZVI para las obras de los corredores de transporte en la Ruta 160, el camino a Penco y la autopista Concepción–Talcahuano.
Piden al Gobierno aclarar cambio de concesión a Vialidad
Sergio Giacaman atribuyó la polémica internacional a decisiones del actual Gobierno y defendió el sistema de concesiones como un sello de responsabilidad del país. Solicitó precisar si, comparativamente, la modalidad de concesión resultaba más cara que la ejecución directa y, de ser necesario, promover una comisión investigadora para esclarecer cifras y procesos. “Si me preguntan a mí, el mejor camino siempre será la concesión”, enfatizó.
Proyectan retraso de proyectos de corredores de transporte público
El exdelegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, advirtió que el financiamiento directo del MOP no asegura los mismos tiempos y expresó inquietud por una posible fragmentación en tramos, lo que, según especialistas, podría acarrear demoras de entre dos y cuatro años.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, señaló que junto a sus pares de Coronel, Penco y Talcahuano monitorean el avance del proceso. Indicó que, dentro de 30 días, recibirán una carta Gantt y un documento con los detalles del traspaso desde la Dirección de Concesiones a Vialidad.
Medios españoles, además, pusieron en duda la certeza jurídica de las determinaciones del Ejecutivo, considerando que AZVI había resultado adjudicataria de los proyectos, aunque no se concretó la firma de los contratos.
