Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en un nuevo capítulo de la ofensiva del Gobierno de Donald Trump para desmantelar ese tribunal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que desde hoy quedan sancionados Akane y Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía de la CPI. Además, autorizó transacciones limitadas con cuentas vinculadas a ambos exclusivamente para cerrar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
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Jueves 13 Agosto, 2026 | 11:19
Como es habitual, la OFAC precisó que también quedan restringidas las operaciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más”.
En su rol, Akane se ocupa sobre todo de tareas institucionales y de representación de la corte. Por su parte, Seye habría tenido a su cargo pesquisas sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un frente especialmente delicado para Washington, que no reconoce la autoridad de la CPI.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El anuncio se alinea con lo que Rubio anticipó en julio, cuando prometió intensificar en las semanas siguientes la presión para desarticular el tribunal.
The U.S. has sanctioned ICC President Tomoko Akane.
The sanctions freeze any U.S. assets she holds and largely cut her off from the U.S. financial system. pic.twitter.com/qfYcVILCD3
— Clash Report (@clashreport) August 18, 2026
Trump reactivó su confrontación con la CPI tras volver al poder el año pasado y, en febrero, firmó una orden ejecutiva que calificó ciertas actuaciones del tribunal como una “amenaza” para la seguridad nacional.
Esa orden apunta, entre otros, a las investigaciones de la CPI sobre el accionar del ejército estadounidense en lugares como Afganistán y a las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Hasta ahora, la Administración Trump ha invocado ese decreto para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como a la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres ONG palestinas dedicadas a la defensa de derechos humanos.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus nacionales, al no haber ratificado el Estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica el mismo criterio para Israel y sus ciudadanos, país que tampoco es parte del tratado.
