El Partido por la Democracia llevó a cabo su primer Consejo Regional Metropolitano, concebido como un espacio de articulación política para establecer directrices y reforzar el trabajo territorial de la colectividad.
Sin embargo, la cita estuvo atravesada por un llamado de atención al senador del partido, Pedro Araya, debido a presuntas discrepancias entre los lineamientos, principios y definiciones de la colectividad y las posturas personales del parlamentario.
Desde la directiva regional indicaron que la meta es aproximarse tanto a la militancia de base como a la ciudadanía, fijando prioridades políticas ante el escenario nacional vigente.
Además, el encuentro intentó coordinar una oposición constructiva frente a las políticas del presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizan de llevar al país hacia un escenario de crisis.
En ese contexto, el presidente metropolitano del PPD, Patricio Muñoz, subrayó que la colectividad pretende fortalecer su presencia en los diversos territorios comunales.
En su hoja de ruta, el PPD reafirmó su apoyo al progreso de la agenda de seguridad, pero estableció como límite la reforma constitucional.
Desde la colectividad recalcaron la urgencia de incrementar los recursos para las policías y robustecer las leyes que posibiliten rastrear los flujos financieros de las bandas criminales, como el levantamiento del secreto bancario.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que la prioridad del partido está en impulsar la agenda legislativa.
Asimismo, Soto remarcó que el PPD también pretende progresar en materia de empleo, impulsando más derechos y oportunidades laborales en un contexto afectado por altos índices de cesantía.
De manera paralela, el consejo trazó rutas para fortalecer y revitalizar la colectividad, y también para enfrentar los retos de su estructura interna, según detalló el alcalde de Lo Prado y jefe de bancada de los alcaldes del PPD, Maximiliano Ríos.
En paralelo, el Consejo Metropolitano del PPD aprobó un voto político que insta al senador Pedro Araya a reconsiderar su permanencia en la colectividad.
La resolución, impulsada por el alcalde Maximiliano Ríos, pone en duda la continuidad del parlamentario en caso de que sus decisiones y su modo de actuar “ya no se encuentran en sintonía” con los lineamientos, principios y definiciones colectivas del partido.
